El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas analizará este martes "la dramática situación" de los derechos humanos en Venezuela durante su Examen Periódico Universal (EPU), indicó la organización Human Rights Watch, HRW.
"El examen ofrece una oportunidad de exponer el desprecio manifiesto de las autoridades en Venezuela por los derechos fundamentales y de plantear recomendaciones que deben adoptarse para cumplir con sus obligaciones internacionales", subrayó HRW.
Por medio del EPU, la situación de los derechos humanos de cada país es revisado cada cuatro años por otros países. Venezuela no ha implementado la mayoría de las recomendaciones que recibió tras los EPU de 2011 y 2016.
Previo al examen de este año, Human Rights Watch presentó un resumen sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
"La represión brutal por parte del régimen de Nicolás Maduro persiste, incluyendo abusos aberrantes por las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno", precisó la organización.
Asimismo, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó que existen motivos razonables para creer que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad, y que las autoridades judiciales, cómplices de los abusos, perpetúan la impunidad. En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan anunció su decisión de abrir una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
HRW añadió que durante el EPU de Venezuela, los estados deberían interpelar al régimen de Maduro para que adopte las siguientes medidas:
- Liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y poner fin a las detenciones arbitrarias y los abusos contra opositores.
- Reformar la Policía Nacional Bolivariana, entre otras medidas, disolviendo la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).
- Reformar el poder judicial con el propósito de restablecer la independencia judicial.
- Poner fin a la censura y a la campaña sistemática contra periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
- Permitir el pleno despliegue de todas las organizaciones humanitarias.
- Asegurar las condiciones para elecciones libres y justas con observación internacional independiente.
- Investigar de manera oportuna y exhaustiva todas las denuncias de violaciones de derechos humanos desde 2014, examinando la responsabilidad penal de quienes cometieron los abusos y de los funcionarios de alto rango que sabían o deberían haber sabido que se estaban cometiendo.