La organización Human Rights Watch, HRW, afirmó que el Gobierno de China debería reconocer y responsabilizarse por la masacre de los manifestantes pro democracia del 4 de junio de 1989 en la Plaza Tiananmén.
También aseveró que la poca presión internacional sobre este tema facilita que el gobierno chino incremente sus acciones represivas en la actualidad, como por ejemplo contra la comunidad uigur, de religión musulmana.
Las autoridades deberían permitir los actos de conmemoración en el territorio continental de China, en Hong Kong y en Macao y dejar de censurar las discusiones sobre la masacre, precisó HRW.
Las autoridades prohibieron por segundo año consecutivo que se realice en Victoria Park, Hong Kong, la vigilia de conmemoración de la masacre, pero los residentes se manifestaron en otros barrios del territorio.
La Alianza en Apoyo de Movimientos Patrióticos Democráticos de Hong Kong, el organizador de las vigilias, fue obligada a cerrar el Museo que recuerda la masacre.
Lee también Palabras prohibidas en ChinaEn Macao, la policía también prohibió la vigilia por segundo año consecutivo, con el pretexto de que el evento y sus lemas violarían las leyes criminales locales, incluyendo la incitación a la sublevación y a la difamación, lamentó HRW.
El Gobierno de China, subrayó la organización pro derechos humanos, continúa ignorando los llamados internos, así como los internacionales, para que se haga justicia por la masacre de Tiananmén. Asimismo, algunas de las sanciones que tanto la Unión Europea como los EE.UU. impusieran en respuesta a dicha masacre, han ido debilitándose, siendo evadidas o simplemente desapareciendo con el paso de los años.
La falta de una respuesta internacional coordinada y sostenida a la masacre, así como a los brutales hostigamientos que le siguieron, es uno de los importantes factores que promueven los progresivos y crecientes abusos de parte de China, lo que incluye la continuación de las detenciones en masa de una cantidad de musulmanes de etnia túrquica calculada en más de un millón, en la localidad de Xinjiang, así como la imposición directa y totalmente ilegal de la Ley de Seguridad Nacional de China en Hong Kong, que suprime las libertades fundamentales que la ciudad disfrutara por décadas.