Human Rights Watch denuncia la opresión rusa en Crimea

Activistas tártaros protestan en Kiev en febrero del 2018.

Un tribunal militar ruso condenó a siete tártaros de Crimea a penas de prisión de 13 a 19 años.

"Es parte de un patrón de enjuiciamientos por motivos políticos que ha estado ocurriendo en la Crimea ocupada por Rusia durante los últimos seis años", denunció Yulia Gorbunova, investigadora de Human Rights Watch (HRW).

Los siete fueron sentenciados por integrar un supuesto grupo terrorista. Un hombre fue absuelto. "En un sistema basado en el Estado de derecho y la justicia, nadie habría sido procesado", precisó Gorbunova.

"Los hombres son activistas de Crimean Solidarity, que se estableció en 2016 para apoyar a los tártaros de Crimea arrestados o encarcelados por motivos políticos.

"Los activistas fueron acusados de participar en Hizb ut-Tahrir, un movimiento islamista internacional que busca establecer un califato mundial basado en la sharia, pero denuncia públicamente la violencia como un medio para lograr su objetivo.

"En 2003, Rusia prohibió Hizb ut-Tahrir por considerarla una organización terrorista, pero no está prohibida en Ucrania ni en la mayor parte de Europa. En los últimos años, las autoridades rusas han procesado a decenas de activistas pacíficos en Crimea por su presunta participación en Hizb ut-Tahrir.

"Ninguno de los cargos contra los ocho estaba relacionado con planear, realizar o ser cómplice de algún acto de violencia.

"Desde el principio, las autoridades mostraron desprecio por el debido proceso. Llevaron a cabo registros sin orden judicial en las casas de seis de los hombres durante su arresto en 2017. Dos abogados que representaban a algunos de los hombres me dijeron que los servicios de seguridad y la policía se negaron a dejarlos ingresar a las casas durante los registros", dijo la investigadora de HRW.

"Los tártaros de Crimea han sido la voz principal de la disidencia pacífica a la ocupación rusa de Crimea. Como resultado, también han sido víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia.

"El veredicto de la semana pasada, una vez más, muestra cuán decididas están las autoridades rusas a hacer que los activistas tártaros de Crimea, y sus familias, paguen el precio y cómo subvertirán la ley y los tribunales para hacerlo", añadió Gorbunova.