Mientras el régimen continúa su cacería de brujas contra los manifestantes del 18 y 19 de agosto en Nuevitas, Camagüey, el programa de Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) acelera su trabajo de documentación de perfiles y exposición pública de aquellos que, desde sus cargos políticos o policiales, coartan el ejercicio de sus derechos a los cubanos.
“Federico Hernández Hernández es el primer secretario del Partido Comunista en Camagüey desde abril. Un cuadro profesional del Partido desde el año 2000 y ahora, por supuesto, está participando ya en las medidas represivas contra los manifestantes de Nuevitas”, indicó a Radio Televisión Martí el periodista Rolando Cartaya, responsable del proyecto.
La próxima fue “Marilyn Bruzón Eduards. Ella es la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Nuevitas. Desde su oficina han salido las órdenes de búsqueda y captura impartidas contra quienes encabezaron las protestas cívicas en el municipio de Nuevitas y dicen que ella también ha estado presente y participando en la toma de decisiones junto con militares del Ministerio del Interior que han llegado de La Habana para controlar la situación”, según una denuncia hecha en Facebook por el opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo.
“Esta señora, por cierto, tiene una reputación de corrupta en el pueblo: Ocupando un cargo político, tiene tres negocios en Nuevitas, un centro recreativo en una patana, un bar pizzería conocido como el Pekín, y un centro de impresión de fotos en camisetas y tazas”, apuntó Cartaya.
El influencer Luis Dener divulgó un video en las redes sociales en el que el pueblo, durante las manifestaciones, gritaba Marilyn, ‘el pueblo no te quiere’.
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Reportaje de Yolanda Huerga
“Y el tercer represor que todos han entrado como violento porque está incitando a la violencia, es el Secretario Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, Dresmer Rojas García.
El tuitero @AlbertFonse11J aseguró que Rojas García durante una reunión del gobierno local, pidió cárcel sin juicios para todos los jóvenes que se habían manifestado, alegando que todos eran unos delincuentes y, además, justificó las golpizas.
El programa considera como represores violentos a las personas que protagonizan actos de violencia política, bien por iniciativa propia o cumpliendo órdenes superiores, y también a los que desde sus cargos públicos -sean magistrados, funcionarios o periodistas- inciten a la violencia. También son incluidos en esta categoría, aquellos que participan u organizan turbas para acosar a sus compatriotas.