En un detallado documento, la Red Intercambio Internacional por la Libre Expresión (IFEX), integrada por 71 organizaciones no gubernamentales, manifiesta su apoyo a los “más de 500 residentes cubanos y 3.100 expatriados cubanos y nacionales de otros 83 países, que firmaron la Declaración contra el Decreto Ley 370: Ley Azote, publicada por la plataforma Avaaz.org”.
El Decreto Ley 370 fue descrito, continúa el documento, “como un medio eficaz para consolidar la ciberseguridad, la soberanía tecnológica, la seguridad y la defensa nacional.
El decreto, subraya IFEX, subordina el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a las necesidades del Estado e impone restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales relacionados con el uso del TIC, como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y la asociación”.
Tras describir los cinco puntos que considera destacados en cuanto a las violaciones a los derechos de los ciudadanos en Cuba, IFEX enumera los artículos de la propia Constitución cubana vulnerados por el Decreto Ley 370 y que a su vez violan los tratados internacionales de los cuales el Estado es signatario. Los seis artículos violados son el 8, 40, 41, 47, 54 y 228.
“Al firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", afirma IFEX, "el Estado cubano se ve obligado a proteger la libertad de expresión. Este compromiso se reafirma en el artículo 47 de la Constitución cubana, que reconoce el derecho de las personas al libre desarrollo de su personalidad, y en el artículo 54, que impone una obligación al Estado de garantizar la libertad de expresión”.
El documento, que cita algunas de las flagrantes violaciones de la Constitución debidas a la aplicación del Decreto Ley 370, exhorta al Estado cubano a respetar su propia Constitución, así como el derecho de los ciudadanos a expresarse y manifestarse libremente y para finalizar, lo hace con un rotundo posicionamiento a favor de los firmantes:
Nosotros, los abajo firmantes, dice, apoyamos la petición de declarar inconstitucional el Decreto Ley 370. Reafirmamos la declaración publicada el 6 de mayo en todos sus puntos.
"Instamos a otros aliados de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos a exigir que el gobierno cubano ponga fin de inmediato a la vigilancia en línea contra las personas que expresan sus opiniones en las redes sociales u otros medios y que cesen las persecuciones a periodistas y activistas de derechos humanos”.