Amnistía Internacional denunció este lunes en su Informe Anual sobre los derechos humanos en el 2022 que centenares de personas en Cuba siguen encarceladas tras sufrir la represión desatada por el régimen contra los manifestantes del 11 de julio de 2021.
"En marzo, Amnistía Internacional solicitó acceso al país para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales", precisó la organización.
"Las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia", afirmó Amnistía al referirse a las madres que exigen públicamente la libertad de los presos políticos del 11J.
Acerca de los prisioneros de conciencia, destacó que hay tres:
• El artista Luis Manuel Otero Alcántara
• El rapero Maykel Castillo Pérez "El Osorbo"
• El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García
No obstante, subrayó que esa cifra "representa un minúsculo porcentaje" de las personas que se temía que estuvieran detenidas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.
También comentó que la escasez de alimentos y los cortes de electricidad fueron frecuentes durante el año pasado, y que tras el paso del huracán Ian, las autoridades desplegaron a cadetes militares para reprimir las protestas generalizadas contra los cortes de electricidad e interrumpieron el acceso a Internet.
Bloquear Internet es "una táctica que era cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político".
"El gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales", lamentó la organización.
El Informe Anual de Amnistía Internacional también se refiere al Código Penal que entró en vigor en diciembre, y advierte que "podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y presentaba un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades".
"La cámara legislativa no tipificó el femicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esa medida", añadió.
La Sección Cuba del Informe Anual 2022/23:
INFORMACIÓN GENERAL
Tras un referéndum, Cuba aprobó en septiembre el nuevo Código de las Familias, que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo y, entre otros aspectos, permitía a las parejas homosexuales adoptar.
Según las estadísticas oficiales de Estados Unidos, más de 224.000 personas cubanas entraron en ese país entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, lo que suponía un aumento significativo con respecto a las algo más de 39.000 que habían llegado en el mismo periodo de 2020 y 2021. Muchas de ellas realizaron viajes peligrosos a través del Tapón del Darién, selva que conectaba Panamá y Colombia, mientras que otras se arriesgaron a viajar en barco.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
A lo largo del año, la escasez de alimentos obligó a la población a hacer fila durante horas para conseguir productos básicos, y en algunas partes de la isla fueron frecuentes los cortes eléctricos.
El gobierno culpó de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense e hizo caso omiso de su obligación de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.
REPRESIÓN DE LA DISIDENCIA
Al terminar el año, continuaban detenidas centenares de personas que habían sufrido la represión de las manifestaciones de julio de 2021, según informó la ONG Cubalex.
En marzo, Amnistía Internacional solicitó acceso al país para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales. Ese mismo mes, en un contexto en el que la defensa jurídica estaba fuertemente controlada por el Estado y el acceso a los documentos judiciales era excepcional, las autoridades cubanas tomaron la inusual medida de hacer públicas al menos 6 sentencias relacionadas con unas 129 personas —varias de ellas jóvenes—que habían sido acusadas de delitos más graves por haber participado en las protestas de julio de 2021. Se las había acusado principalmente de lanzar piedras o botellas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley, y algunas habían sido condenadas a 30 años de prisión.
En septiembre y octubre, tras el paso del huracán Ian, hubo protestas en toda la isla contra los cortes de electricidad generalizados. Según la información recibida, las autoridades respondieron desplegando a cadetes militares para reprimir las protestas, y se denunciaron casos de detención arbitraria.
Además, al parecer, las autoridades bloquearon deliberadamente Internet, táctica que era cada vez más habitual para limitar la comunicación en Cuba en momentos delicados desde el punto de vista político. Las interrupciones de Internet se prolongaron al menos dos noches consecutivas, lo que dificultó la comunicación de las familias tras la tormenta.
Hubo periodistas del diario independiente 14ymedio que también se quedaron sin acceso a Internet y vieron afectada su capacidad para informar.
El 2 de octubre, el presidente Díaz-Canel restó importancia al carácter generalizado de las protestas y sugirió que una minoría de “contrarrevolucionarios” con conexiones fuera de Cuba había llevado a cabo “actos de vandalismo, como cerrar vías o tirar piedras”. También afirmó que esas personas serían tratadas con todo el “rigor de las leyes”.
En diciembre entró en vigor un nuevo Código Penal que podía consolidar las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión ya habituales y presentaba un panorama inquietante para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades.
DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS NIÑAS
Las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia.
Las madres de las personas detenidas en las protestas de julio de 2021, entre las que había jóvenes, abogaron enérgicamente por su liberación.
La cámara legislativa no tipificó el femicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esa medida.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Al concluir el año, los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez y José Daniel Ferrer García —detenidos en el marco de la represión de la disidencia de julio de 2021— seguían en prisión.
En junio, el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana había condenado al artista Luis Manuel Otero Alcántara y al músico Maykel Castillo Pérez a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, por una serie de cargos utilizados históricamente para acallar la disidencia, como “desórdenes públicos”, “desacato” y “ultraje a los símbolos de lapatria”.
Unos meses antes, en enero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había determinado que Maykel Castillo Pérez —uno de los autores de la canción crítica con el gobierno cubano “Patria y vida”, adoptada como himno de las protestas— había sido detenido de forma arbitraria, y había pedido al gobierno cubano su liberación inmediata.
La familia de José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba, denunció en julio que éste permanecía recluido en régimen de incomunicación, lo que lo ponía en peligro de tortura y otros malos tratos; y, en octubre, que llevaba tiempo recluido en confinamiento solitario, aislado de otros presos y con un acceso muy limitado al mundo exterior.