El informe "Condenas Premeditadas: Análisis de la Situación de la Administración de Justicia en Cuba", con énfasis en las dos organizaciones contra las que el régimen de Cuba ha concentrado más su violencia: UNPACU y las Damas de Blanco, será presentado este jueves en Madrid.
La organización Raza e Igualdad, en conjunto con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha preparado un conversatorio donde se hará público el documento de más de 130 páginas, dijo la ONG en un comunicado.
"La investigación nos permitió analizar y documentar los pasos que adopta el régimen cubano en los procesos penales, y cómo este utiliza el derecho penal para criminalizar las labores de las voces opositoras", explicó la abogada Caitlin Kelly.
Raza e Igualdad expresó en Twitter su preocupación por el maltrato hacía los presos políticos en Cuba. "Existen aproximadamente 80 presos y presas políticos bajo extremas condiciones de vulnerabilidad", señaló la organización.
#CondenasPremeditadasCUBA - Entre las formas de violencia y represión más preocupantes se hayan el maltrato hacía presos políticos mientras se encuentran en centro de detención. Existen aproximadamente 80 presos y presas políticos bajo extremas condiciones de vulnerabilidad pic.twitter.com/kdr6H9ESMQ
— Race and Equality (@raceandequality) September 25, 2019
Según el informe, el procedimiento represivo suele tener un patrón: golpizas, construcción de un delito común y encarcelamiento con tortura física y psicológica que llegan no solo a los encausados sino a sus familiares y amigos.
"Casos como el del Doctor Eduardo Cardet, son utilizados en el documento para explicar y describir el modus operandi del Estado Cubano y las sistemáticas violaciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y derecho a un debido proceso que se contraponen a las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por Cuba", subraya el comunicado.
El documento también describe, entre otros, el caso de José Rolando Cásares, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que permanece en prisión cumpliendo una condena de 5 años.
Sobre la situación de los defensores de derechos humanos y la prensa independiente, bajo el acoso constante de la Seguridad del Estado, el informe señala que "aunque existen algunas leyes para garantizar los derechos humanos y un debido proceso" estas no son respetadas por las autoridades cuando de ellos se trata.