El régimen cubano ignora cada vez más los escasos beneficios que proporcionaba a la población a cambio de su adhesión, según muestra el informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), que documentó 711 protestas públicas en la Isla, de las que 423 estuvieron basadas en motivaciones económicas y sociales.
Las más de 400 protestas tuvieron como acicate la ineficiencia de los servicios públicos de salud, agua, electricidad, vivienda y transporte; la penuria, la inflación, las coacciones al sector privado, e incluyó campañas “contra el bloqueo interno a las fuerzas productivas y la política inversionista en beneficio de la casta militar-partidista”, apunta el informe.
“Las protestas económicas y sociales fueron encabezadas en febrero por las dirigidas al incumplimiento de las cuotas racionados de alimentos esenciales en la dieta cubana, como arroz, frijoles azúcar y café, de la cuales dependen para sobrevivir las personas más pobres”, agregó el periodista Rolando Cartaya, especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
“Esto confirma que la oligarquía está cada vez más desentendiéndose del pacto comunista que proporcionaba a los ciudadanos un mínimo de bienestar en bienes y servicios a cambio de que renunciara al conjunto de sus derechos. O sea, ya no les importa nada”, recalcó Cartaya.
El reporte del Observatorio destaca “la pérdida de alrededor del 3 % de la fuerza laboral de Cuba con el éxodo de 313.000 cubanos en 2022”.
Un total de 289 protestas estuvieron vinculadas con el reclamo de derechos políticos y civiles como manifestaciones contra el sistema, entre ellas expresiones de desobediencia civil y denuncias de la desigualdad entre la élite gobernante y el cubano común en las redes sociales.
“La mayoría de las protestas en febrero siguieron siendo la reacción contra la represión. Por supuesto, el Gobierno siguió usando la violencia, el acoso, condenas injustas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, indicó el representante del OCC.
El informe toma nota sobre los tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles cubanas, que van desde golpizas, chantajes a los reos por el activismo de sus familiares, trabajos forzados, encierros en celdas de castigo, prisión preventiva prolongada, sin petición fiscal ni juicio, negación de atención médica y la retención de licencia extrapenal a los enfermos, hasta la reducción a la mitad de la cuota de comida.
Las demostraciones de inconformidad compiladas en febrero comprenden 316 acciones vinculadas a seis campañas permanentes llevadas a cabo en 14 provincias y el municipio especial Isla de Pinos por unos 200 activistas y familiares.
Las protestas contabilizadas ocurrieron en 13 de las 15 provincias del país. La mayor cantidad de demostraciones públicas fueron en La Habana con 186, Santiago de Cuba con 86 y Holguín con 40.
La categoría en la que se compilaron más protestas fue la de las engendradas por la represión.
“Más reacia que impotente para dar soluciones a los problemas de la población de la isla, la casta gobernante continuó descansando en febrero en la represión como único recurso para mantener el poder”, subraya el informe.
En este sentido, Cartaya señaló que el régimen incrementó las intimidaciones contra quienes expresan opiniones o juicios negativos sobre las autoridades y su gestión en los espacios libres virtuales.
“Así periodistas independientes, youtubers, activistas que utilizan Twitter y Facebook para manifestar su crítica al sistema fueron citados, interceptados o visitados en este mes pasado por agentes de la policía política que les acusaron, literalmente, de estar violando el nuevo Código Penal”, afirmó.
“Esta nueva normativa permite una estricta restricción del derecho a la libre expresión en las redes sociales, que es hoy por hoy, la más popular vía de protesta de los cubanos, al añadir delitos relacionados con telecomunicaciones, tecnología de la información y la comunicación”, precisó el especialista.