Un recuento de las violaciones registradas en las cárceles cubanas, vinculadas a incidentes de hostigamiento y represión, correspondiente al mes de septiembre, asegura que fueron cometidas "fundamentalmente por funcionarios del sistema penitenciario y oficiales de la Seguridad del Estado que actúan dentro de las prisiones".
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas también señaló en su informe sobre violaciones a personas privadas de libertad a empleados del "sistema judicial y reclusos que trabajan coludidos con las autoridades de los penales para cometer estos hechos".
La entidad documentó la muerte de los reclusos Lázaro Lenin Álvarez y Rafael Mojena Jerez, en la Prisión Provincial de Granma, donde "murieron con apenas dos semanas de diferencia por no ser llevados a tiempo al hospital a pesar de los graves síntomas que presentaban".
Además denunció que "la acción negligente de policías y médicos también propició la muerte de Denis González Sifonte, detenido en mal estado luego de una riña, sangrando por los oídos, quien falleció en la estación policial de Sibanicú (Camagüey) por no haber sido atendido debidamente en el hospital de esa localidad".
En total, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró en septiembre 128 hechos relacionados con violaciones a personas privadas de libertad y se registraron violaciones contra 101 prisioneros: 22 mujeres y 79 hombres.
Por otra parte, asegura que identificó la participación directa de 39 represores (2 mujeres y 37 hombres) en los hechos denunciados.
El equipo de monitoreo indicó que recibieron reportes procedentes de 46 centros penitenciarios en 12 provincias del país y que las cárceles con mayor cantidad de denuncias fueron el Combinado del Este de La Habana, la prisión de Quivicán, en Mayabeque, y la Prisión Provincial de Pinar del Río.
"Entre las categorías de vulnerabilidad más comunes de las víctimas estuvieron: ser preso político, activista o defensor de derechos humanos, afrodescendiente y padecer enfermedades crónicas", indica el reporte.
El centro explicó que la relación de eventos documentados en el informe es solo un subregistro de incidentes represivos o violatorios de derechos al interior de las prisiones, "que se presenta con la intención de fiscalizar de manera sistemática el cumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, además del propio Reglamento Nacional de Prisiones y la Ley de Ejecución Penal de Cuba".