Implementada en el pasado mes de junio, la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) ha dejado hasta ahora 80 delincuentes muertos en Venezuela, según un conteo de las cifras en los comunicados oficiales entregados a la prensa.
Maduro quería “una ley especial que apriete la mano al máximo para el castigo de todos estos crímenes contra nuestro pueblo, con el objetivo de liberarlo”, pero su implementación parece alentar una práctica de ejecuciones sumarias que viola por completo el Estado de Derecho y no resuelve el problema de la delincuencia en los barrios marginales de las principales ciudades del país.
En entrevista concedida a TV Martí, la abogada criminóloga Alicia Figueroa denuncia el hecho y señala que “ningún policía tiene el derecho de quitarle la vida a un delincuente por muy culpable que sea, porque cada quien debe ser juzgado por sus jueces naturales”.
La abogada asegura que la OLP es un acto electoral de Nicolás Maduro, que aunque ha tenido un gran despliegue publicitario no ha resuelto el problema de la inseguridad del ciudadano venezolano. El país tiene la tasa de homicidios más alta del mundo después de Honduras, según un reporte de Naciones Unidas.
Solamente en el mes de agosto, uno de los más violentos del año en Venezuela, el número de víctimas mortales relacionadas con la delincuencia superó los 400 en el área metropolitana, indicó Figueroa.
La abogada sostiene que la inseguridad en las calles del país ha sido promovida por el propio gobierno venezolano, y asegura que el hampa está mejor armada que los cuerpos de seguridad.
“Con qué combate un policía bolivariano a un hombre que tiene granadas, C4, armas largas (…) y en los sectores populares, que es donde operan las OLP, nosotros no hemos visto que el índice delictivo haya bajado”, concluyó.