La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó la Proposición no de Ley relativa a la posible evidencia de trata de personas y esclavitud moderna en las «misiones de colaboración en el exterior de Cuba», presentada por el Grupo Parlamentario Popular y auspiciada por la organización Prisoner Defenders.
Con 18 votos a favor y 17 en contra, el texto aprobado insta al Gobierno español a:
1. Condenar los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otras personas.
2. Exigir al Gobierno de Cuba que ponga fin inmediatamente a la política de represión.
3. Manifestar su preocupación por el incremento del número de presos políticos y exigir la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
4. Condenar las condiciones laborales que promueve el régimen cubano para con sus trabajadores y cooperantes civiles en el exterior.
5. Solicitar a las autoridades cubanas la facilitación del retorno a Cuba de las personas que se encuentran en el exilio y a los profesionales y ciudadanos a los que no permite regresar con sus familiares, para que lo puedan hacer en plenas garantías de libertad y sin represalias.
De acuerdo a Prisoners Defenders, la cifra de presos políticos cubanos ascendió a 1,092 hasta el 31 de marzo de 2024.
Al presentar la iniciativa, Carlos Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular, recordó la política restrictiva por ideología del régimen y subrayó las condiciones de trabajo forzado de los cubanos destacados en misiones internacionales que incluyen la prohibición de relacionarse con la población local, el toque de queda, la retención del pasaporte y la penalización a los que abandonan sus funciones.
Por su parte, Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida y miembro del grupo plurinacional Sumar, pidió que se rechazara la PNL y, en su lugar, votar a favor de su enmienda en que pedía el levantamiento del bloqueo y de “las sanciones ilegales a Cuba”.
Respecto a las misiones médicas cubanas, Santiago argumentó que el involucramiento en misiones internacionales es voluntario, pero encontró respuesta en la voz de Alberto Asarta, del grupo de Vox: “aunque la participación en las misiones de internacionalización cubanas es oficialmente voluntaria”, muchos se sienten presionados y temen represalias si no las aceptan.
Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders se mostró satisfecho con el resultado de la votación.
“Han sido meses de arduo trabajo de todos los implicados para retratar al régimen sátrapa y esclavista de Cuba, que no es más que hacer una mínima justicia con la gravedad de sus actos. Agradecemos a todos los grupos parlamentarios que han condenado la represión contra los manifestantes del 11 de julio, hoy prisioneros políticos del régimen que son sistemáticamente torturados, así como el trabajo forzoso que caracteriza a las misiones de médicas cubanas y lamentamos que la izquierda parlamentaria sigue insistiendo con el bloqueo, embargo o sanciones unilaterales de Estados Unidos sobre Cuba, cuando lo que se estaba debatiendo es la esclavitud y la represión de un Estado contra su propio pueblo. La política exterior de otro Estado puede ser objeto de debate, pero la represión de un gobierno contra su propio pueblo no puede soslayarse bajo ninguna excusa”, apuntó Larrondo.
Aunque las PNL no son vinculantes en el ordenamiento jurídico español, sirven para fijar posiciones de la cámara.