Irán se apresta a fortalecer legalmente la violación de derechos humanos

Manifestación frente a embajada iraní en Francia. (Francois Guillot/AFP).

Los derechos a la libertad de expresión, de religión y de creencia en Irán sufrirían otro golpe mortal si un Proyecto de Ley que establece estipulaciones adicionales al Código Penal Islámico, por insultar a las legalmente reconocidas religiones y etnicidades iraníes, fuera aprobado en el Parlamento de ese país.

Saloua Ghazouani, director de la ONG ARTÍCULO 19, declaró que en lugar de poner al Código Penal en concordancia con la ley internacional de derechos humanos, los legisladores iraníes han tomado medidas adicionales para “cementar y solidificar” la discriminación en contra de las religiones minoritarias y restricciones sobre la libertad de expresión en el diagrama legislativo del país.

El Proyecto de Ley constituye una verdadera “luz verde” para las fuerzas represivas de Irán y las autoridades fiscales y judiciales que ya se encuentran armadas, con recursos adicionales para aplastar a individuos y grupos que ya son perseguidos, tan sólo por tratar de ejercer sus derechos humanos, agregó Ghazouani.

El Proyecto de Ley fue aprobado por el Parlamento en mayo de 2020. Luego fue revisado por el Consejo Guardián, cuerpo encargado de asegurar el cumplimiento legislativo, tanto con la Constitución como con la Ley Sharía, y en junio fue enviado de regreso al Parlamento con numerosas objeciones y sugerencias de cambios.

ARTÍCULO 19 reconoce que, en noviembre de 2020, el Parlamento implementó enmiendas al Proyecto de Ley, a los efectos de responder a las objeciones del Consejo Guardián.

La organización no pudo tener acceso al texto completo aprobado en noviembre por el Parlamento. Sin embargo, en octubre de 2020, ciertas enmiendas de la Comisión Legal y Judicial del Parlamento, no lograron aliviar las preocupaciones de ARTÍCULO 19 con respecto a las amenazas que el Proyecto de Ley impusiera a los derechos humanos.

Ghazouani finaliza diciendo que las “propuestas draconianas” del Proyecto de Ley confirman una vez más la falta de interés de las autoridades de Irán, por sus obligaciones con los derechos humanos internacionales.