El histórico proceso marca un precedente en un país que no está acostumbrado a juzgar a sus políticos.
La Corte Suprema de Brasil aceptó el miércoles analizar nuevos recursos de políticos, empresarios y exjerarcas del gobernante Partido de los Trabajadores condenados en diciembre por corrupción, lo cual permite un nuevo juicio que podría reducir sus penas.
Por seis votos a cinco, los jueces decidieron que 12 de los 25 condenados en diciembre podrán presentar nuevos recursos. La lista incluye a los principales condenados del círculo del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, involucrados en un escándalo que hizo tambalear su gobierno en 2005 por la creación de una contabilidad paralela y el pago a partidos y congresistas aliados a cambio de apoyo político.
Entre ellos figura José Dirceu, el exministro jefe del primer gobierno y mano derecha de Lula, que podría ver su pena de diez años y diez meses reducida en un nuevo juicio, y librarse así de la prisión en régimen cerrado. También podrá recurrir el expresidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), José Genoino.
El publicista Marcos Valerio, considerado el "operador" del esquema y condenado a la mayor sentencia, 40 años, y Delubio Soares, extesorero del PT, integran asimismo la lista. Para los otros 13 condenados sin derecho a presentar recursos, la cárcel aún no ha sido decretada por el procurador general.
La Corte Suprema vivió esta semana fuertes presiones en la calle y en la prensa contra una reapertura del mayor juicio a políticos en la historia de Brasil. "En este país solo va a la cárcel el ladrón de gallinas", o "Supremo Tribunal, vergüenza nacional", leían algunos de los carteles que un grupo de manifestantes llevó frente a la Corte Suprema, que reforzó la seguridad.
Los jueces habían negado la mayoría de recursos ordinarios presentados por los condenados, lo que hacía pensar que el proceso -abierto en 2007 pero iniciado efectivamente en agosto de 2012- terminaría la semana pasada y serían emitidas las ordenes de prisión.
Pero un nuevo tipo de recurso, aceptado ahora, permite revisiones en los casos en que cuatro jueces votaron a favor del condenado. El jueves pasado, cinco jueces votaron a favor de aceptar los nuevos recursos y cinco en contra, mientras el juez restante pidió tiempo, prolongando el suspense sobre la decisión final.
Así, el fallo quedó en manos del juez Celso de Mello, quien el miércoles votó a favor y aseguró que "los jueces no pueden dejarse contaminar por la opinión pública". La decisión de analizar los recursos "puede causar una decepción en la opinión pública, ya que el juicio era visto como un avance contra la impunidad, especialmente para las élites", opinó la politóloga de la Universidad Federal de Juiz de Fora Christiane Jalles.
El histórico proceso marca un precedente en un país que no está acostumbrado a juzgar a sus políticos. Decenas de larguísimas sesiones fueron transmitidas en vivo por la televisión. En junio pasado, masivas protestas callejeras contra la corrupción de la clase política y por mejores servicios públicos sacudieron al país. El implacable juez instructor del caso y presidente de la Corte, Joaquim Barbosa, era aclamado por muchos manifestantes como un superhéroe.
La Suprema Corte podría juzgar próximamente un esquema de contabilidad paralela similar que involucra a los socialdemócratas. La postergación del juicio al próximo año, cuando Brasil enfrenta elecciones generales y Rousseff buscaría la reelección, levanta cuestionamientos sobre su impacto y un eventual desgaste para el PT.
Por seis votos a cinco, los jueces decidieron que 12 de los 25 condenados en diciembre podrán presentar nuevos recursos. La lista incluye a los principales condenados del círculo del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, involucrados en un escándalo que hizo tambalear su gobierno en 2005 por la creación de una contabilidad paralela y el pago a partidos y congresistas aliados a cambio de apoyo político.
Entre ellos figura José Dirceu, el exministro jefe del primer gobierno y mano derecha de Lula, que podría ver su pena de diez años y diez meses reducida en un nuevo juicio, y librarse así de la prisión en régimen cerrado. También podrá recurrir el expresidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), José Genoino.
El publicista Marcos Valerio, considerado el "operador" del esquema y condenado a la mayor sentencia, 40 años, y Delubio Soares, extesorero del PT, integran asimismo la lista. Para los otros 13 condenados sin derecho a presentar recursos, la cárcel aún no ha sido decretada por el procurador general.
La Corte Suprema vivió esta semana fuertes presiones en la calle y en la prensa contra una reapertura del mayor juicio a políticos en la historia de Brasil. "En este país solo va a la cárcel el ladrón de gallinas", o "Supremo Tribunal, vergüenza nacional", leían algunos de los carteles que un grupo de manifestantes llevó frente a la Corte Suprema, que reforzó la seguridad.
Los jueces habían negado la mayoría de recursos ordinarios presentados por los condenados, lo que hacía pensar que el proceso -abierto en 2007 pero iniciado efectivamente en agosto de 2012- terminaría la semana pasada y serían emitidas las ordenes de prisión.
Pero un nuevo tipo de recurso, aceptado ahora, permite revisiones en los casos en que cuatro jueces votaron a favor del condenado. El jueves pasado, cinco jueces votaron a favor de aceptar los nuevos recursos y cinco en contra, mientras el juez restante pidió tiempo, prolongando el suspense sobre la decisión final.
Así, el fallo quedó en manos del juez Celso de Mello, quien el miércoles votó a favor y aseguró que "los jueces no pueden dejarse contaminar por la opinión pública". La decisión de analizar los recursos "puede causar una decepción en la opinión pública, ya que el juicio era visto como un avance contra la impunidad, especialmente para las élites", opinó la politóloga de la Universidad Federal de Juiz de Fora Christiane Jalles.
El histórico proceso marca un precedente en un país que no está acostumbrado a juzgar a sus políticos. Decenas de larguísimas sesiones fueron transmitidas en vivo por la televisión. En junio pasado, masivas protestas callejeras contra la corrupción de la clase política y por mejores servicios públicos sacudieron al país. El implacable juez instructor del caso y presidente de la Corte, Joaquim Barbosa, era aclamado por muchos manifestantes como un superhéroe.
La Suprema Corte podría juzgar próximamente un esquema de contabilidad paralela similar que involucra a los socialdemócratas. La postergación del juicio al próximo año, cuando Brasil enfrenta elecciones generales y Rousseff buscaría la reelección, levanta cuestionamientos sobre su impacto y un eventual desgaste para el PT.