Cuba no es el mejor ejemplo a seguir en términos de transparencia y control democrático.
Los fuertes vínculos entre el gobierno de La Habana y Caracas han trascendido más allá del orden militar para instalarse en el jurídico de Venezuela, dijo Rocío San Miguel, directora de la Asociación civil Control Ciudadano, que trabaja por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
En el programa Cuba al Día de Radio Martí, la jurista señaló que el fallecido presidente Hugo Chávez, reconoció los vínculos profundos que existen entre las Fuerzas Armadas de ambos países y el funcionamiento de notarías y registros del país. El control de Inmigración y Extranjería también son evidencias ampliamente documentadas del modo en que ha intervenido el gobierno cubano en los asuntos jurídicos del país, puntualizó.
Sin embargo advirtió que Cuba no es el mejor ejemplo a seguir en términos de transparencia y control democrático, ni en los de la subordinación del poder civil al militar.
San Miguel, calificó de tragedia que en Venezuela se entronice el ‘modelo cubano’ como ‘modelo a seguir’ cuando tan graves situaciones de derechos viven en la isla donde han sido sometidos a un régimen exento de cualquier mecanismo elemental de control democrático.
Las declaraciones de San Miguel surgen una vez que en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia ilegalizara las manifestaciones que no tengan permiso. La decisión ha sido fuertemente criticada por analistas y juristas.
En una entrevista al diario El Universal el historiador Tomas Straka dijo que la actuación del TSJ "es un paso más del Gobierno, a través de la justicia, en su esfuerzo por retomar el control de una sociedad que se le fue de las manos por la represión y su actuación en los últimos meses".
Por su parte la jurista venezolana Blanca Rosa Mármol de León, también declaró a El Universal que hace un año propuso la eliminación de la Sala Constitucional, por considerar que ella "no ha hecho más que interpretaciones a favor del Gobierno y ha ido en contra de la justicia" y ahora ve "que el tiempo le sigue dando la razón.
"Hoy estoy más segura que nunca que debe ser eliminada, porque además se considera que está por encima de las otras salas del TSJ y se ha convertido en un ente de Gobierno, apuntó.
El TSJ ha actuado a conveniencia del gobierno y la sala constitucional no se ha pronunciado lo que evidencia un modo acomodadizo de los magistrados alrededor de la llamada "justicia revolucionaria' que claramente hunde al país en una situación de violación de principios democráticos y derechos humanos, concluyó Sam Miguel.
En el programa Cuba al Día de Radio Martí, la jurista señaló que el fallecido presidente Hugo Chávez, reconoció los vínculos profundos que existen entre las Fuerzas Armadas de ambos países y el funcionamiento de notarías y registros del país. El control de Inmigración y Extranjería también son evidencias ampliamente documentadas del modo en que ha intervenido el gobierno cubano en los asuntos jurídicos del país, puntualizó.
Sin embargo advirtió que Cuba no es el mejor ejemplo a seguir en términos de transparencia y control democrático, ni en los de la subordinación del poder civil al militar.
San Miguel, calificó de tragedia que en Venezuela se entronice el ‘modelo cubano’ como ‘modelo a seguir’ cuando tan graves situaciones de derechos viven en la isla donde han sido sometidos a un régimen exento de cualquier mecanismo elemental de control democrático.
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Las declaraciones de San Miguel surgen una vez que en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia ilegalizara las manifestaciones que no tengan permiso. La decisión ha sido fuertemente criticada por analistas y juristas.
En una entrevista al diario El Universal el historiador Tomas Straka dijo que la actuación del TSJ "es un paso más del Gobierno, a través de la justicia, en su esfuerzo por retomar el control de una sociedad que se le fue de las manos por la represión y su actuación en los últimos meses".
"Hoy estoy más segura que nunca que debe ser eliminada, porque además se considera que está por encima de las otras salas del TSJ y se ha convertido en un ente de Gobierno, apuntó.
El TSJ ha actuado a conveniencia del gobierno y la sala constitucional no se ha pronunciado lo que evidencia un modo acomodadizo de los magistrados alrededor de la llamada "justicia revolucionaria' que claramente hunde al país en una situación de violación de principios democráticos y derechos humanos, concluyó Sam Miguel.