Inhabilitar a oficiales y funcionarios, entre las primeras disposiciones de una posible transición en Cuba

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, y el delegado de la Agricultura en Villa Clara, Héctor Torna Martínez, en Santa Clara. Foto: Ramón Barreras Valdés/ Vanguardia

Inhabilitar a los oficiales de la dictadura e imponer límites por un largo plazo a funcionarios del actual régimen, estarían entre las primeras medidas para un cambio hacia la democracia en Cuba, según trascendió en la primera reunión de la Subcomisión Jurídica de la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba, celebrada el martes.

El evento contó con la participación de expertos en asuntos legales a nivel internacional, según dio a conocer la Asamblea de la Resistencia Cubana, una de las organizaciones promotoras.

El encuentro, inaugurado por Daniel I. Pedreira, coordinador de la Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba, destacó la necesidad de “establecer puntos jurídicos clave” que faciliten el proceso de transición en el aspecto legal, lo cual resulta imprescindible para una transición hacia la libertad y la democracia en Cuba.

Entre los “decretos básicos” considerados imprescindibles en los primeros momentos de una transición democrática en la isla están “la liberación inmediata de todos los presos políticos, permitir la entrada al país a quienes demuestren vínculo de nacionalidad cubana, la liberación de las comunicaciones y el respeto y reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras convenciones internacionales suscritas por Cuba”, según expresó el Dr. René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la organización Justicia Cuba.

La necesidad de convocar a elecciones libres desde el comienzo de la transición fue subrayada por el Dr. Faisel Iglesias, director del bufete cubano de Derechos Humanos quien además hizo énfasis en la importancia de desarrollar un sistema jurídico “más dinámico”.

Los tres juristas coincidieron en la necesidad de “inhabilitar a los oficiales de la dictadura durante el período de la transición, imponer límites por un largo plazo a funcionarios del actual régimen”, que les impida ejercer responsabilidades públicas.

La recuperación del dinero que posee la oficialidad cubana en el extranjero y devolverlo a las arcas del Estado debe ir unida a la desactivación de funcionarios del régimen, incluyendo jueces y fiscales, dijeron.

La Comisión de Apoyo a la Transición en Cuba se propone unir a cubanos dentro y fuera de la Isla para desarrollar un plan de transición, que tiene como base el Acuerdo por la Democracia en Cuba, firmado en 1998 por numerosas organizaciones democráticas cubanas y ratificado en varias ocasiones.