La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, urge en el marco de la conmemoración del del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, a los Estados a adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de los mecanismos de prevención y combate contra de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La labor de estas entidades resulta esencial para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, así como para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de privación de libertad.
La CIDH recuerda que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana de las víctimas, así como una negación de los principios internacionales consagrados en distintos instrumentos regionales e internacionales en la materia.
En este contexto, la Comisión ha sido informada sobre los desafíos que los mecanismos creados en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas enfrentan en varios países de la región para desarrollar sus funciones.
Entre estos obstáculos, la CIDH destaca la prohibición o limitaciones al monitoreo en centros de detención, la falta de estructura o recursos materiales para su operación, insuficiente presupuesto, y falta de implementación a pesar de la existencia de normativa para su creación.
Estos desafíos resultan de especial preocupación para la CIDH, considerando lo documentado a través de sus distintos mecanismos respecto de alegadas prácticas de tortura y malos tratos que prevalecen en centros de detención de diversos países de la región.
Asimismo, las condiciones de detención que caracterizan las cárceles en las Américas hacen que la labor de estas entidades resulte fundamental para garantizar un escrutinio más estricto respecto de la situación en la que se encuentran las personas bajo la custodia del Estado.
En atención a la naturaleza fundamental de los derechos humanos que se encuentran en riesgo con el acto de reclusión, la Comisión Interamericana recuerda que la gestión penitenciaria debe regirse por criterios estrictos de transparencia, apertura y monitoreo independiente.
Por otra parte, en atención al contexto en las penitenciarías originado por la pandemia del COVID-19, la Comisión considera que labor de estos mecanismos resulta crucial para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, y para reducir la posibilidad de que esta población sea objeto de tortura o malos tratos en los centros de detención.