La comunidad mundial y la dictadura en Bielorrusia

Manifestante arrestado por militares en Bielorrusia el 8 de noviembre de 2020. (AFP).

La dirigente opositora de Bielorrusia, Svyatlana Tsikhanouskaya, hizo un llamado a la Unión Europea y a EEUU para que sean “más valientes y fuertes” en ayudar a poner fin a la disputa de poder con el dictador Alyaksandr Lukashenko, quien ha estado en el poder desde 1994.

El 27 de enero, durante un intercambio verbal por la Internet, con varios ministros de la Unión Europea, Tsikhanouskaya exhortó al bloque de 27 naciones a que apresure la aprobación de su cuarto Proyecto de Sanciones sobre Lukashenko y sus aliados, que llame a realizar una investigación internacional por abusos a los derechos humanos y que se designe a los responsables como terroristas.

Durante su participación “en línea” desde Lituania, donde se encuentra refugiada desde las elecciones del 9 de agosto en Bielorrusia, elecciones que dice que le fueron robadas por Lukasehenko, Tsikhanouskaya dijo que la respuesta internacional ha sido muy tímida y sin los resultados esperados.

La declaración de victoria en las elecciones, por parte de Lukashenko, provocó protestas continuadas que hizo que decenas de miles de opositores tomaran las calles en demanda de la renuncia del dictador.

Las fuerzas de seguridad del dictador han hostigado y atacado a los manifestantes, arrestando a miles y “empujando” a la mayoría de los dirigentes de oposición a abandonar el país para no ser encarcelados.

Varios manifestantes pagaron con la vida los ataques policiales y algunas organizaciones de derechos humanos mantienen que existen evidencias de torturas, a las que fueron sometidos algunos de los detenidos.

Lukashenko rehusa negociar con la oposición, que demanda su renuncia y la realización de nuevas elecciones internacionalmente supervisadas.

La Unión Europea, EEUU, Canadá y otros países, rehusaron reconocer a Lukashenko, de 66 años de edad, como el legítimo presidente de Bielorrusia y le aplicaron severas sanciones, junto con sus antiguos colaboradores en el gobierno, como respuesta a la falsificación y robo de votos, así como por el maltrato a que sometiera a la población que demanda su renuncia.