En los últimos días ha llegado a Cuba, con enorme difusión en los medios castristas y también en los extranjeros, el cable de fibra óptica desde Venezuela. Más allá de las posibilidades tecnológicas, existe una frontera difícil de superar para el régimen castrista y ésta es la que supondría asumir la diversidad informativa e ideológica que ampara la red de redes.
Y es precisamente esta diversidad de fuentes informativas lo que hace todavía más atractivo el mundo de Internet, es en realidad su razón de ser. Algo que, de hecho, choca frontalmente con la concepción castrista del espacio comunicativo, sometido como cualquier aspecto de la vida a la centralización estatal.
El flujo informativo está celosamente controlado por un Estado que es el supervisor del continente y del contenido de todos los medios de comunicación, la circulación de medios que no estén en manos del gobierno es inexistente, con lo cual no se pueden adquirir de forma legal en Cuba publicaciones extranjeras.
Para mantener este espacio comunicativo cerrado como lo ha sido desde 1959, la introducción de Internet tendría que ser cuidadosamente controlada, estableciendo un régimen de censura previa, algo que implicaría violar desde el principio y de forma sistemática el derecho fundamental a la libertad de expresión, el que protege la libertad de cualquier persona de emitir y recibir información. Estas dos cosas las garantiza y multiplica Internet con muchos recursos de publicación gratuita, como son los blogs, pero también la plataforma de microblogging Twitter que, en la actualidad, el régimen utiliza con fines únicamente propagandísticos.
Esta situación marca una diferencia importante respecto al uso que estos medios digitales tienen en otros países, en sociedades donde los ciudadanos disponen de un acceso a los mismos en su ámbito privado. No sucede lo que en Cuba, donde tan sólo pueden manejar estas herramientas los funcionarios de confianza a los que, al parecer, se les encarga, dentro del marco de sus jornadas laborales y en los propios centros de trabajo ,llenar la red con información favorable al gobierno, además de replicar las críticas que pueda recibir el régimen desde cualquier lado.
Tal y como ha revelado recientemente la filtración de un vídeo en el que un agente de la Seguridad del Estado instruye a militares cubanos sobre el papel de las redes como factor de riesgo para la Revolución, la lógica castrista no permite que el espacio comunicativo pueda llenarse de mensajes críticos. Acostumbrados a obligar a un rígido cierre de filas, cualquier fenómeno que implique poner en duda el sistema es, automáticamente, obra y fruto de las artimañas del enemigo.
El régimen justifica la censura, por lo que, si jamás se cumplieran las promesas que en estos días el gobierno está haciendo en los medios de comunicación indicando que no hay obstáculos políticos para que la Internet se abra a la ciudadanía, se vería en la necesidad de aplicarla con un ejército de censores.
Recientemente el portal oficialista Cubadebate publicaba un artículo cuya autora, la filóloga Margarita Alarcón, hacía una defensa abierta y sin complejos de la censura en Cuba.
En su texto, Alarcón señala que "con el paso de los años, el gobierno [cubano] aun siente que debe censurar cierto tipo de información y exabruptos para protegerse a si mismo y a su pueblo, básicamente por las mismas rezones que antaño." Según la articulista, "uno de los problemas mayores de la sociedad cubana de hoy es que nunca se le ha dejado en paz para que, por si misma, entre los suyos, pueda bregar con sus problemas y dificultades sin injerencia externa".
El portal añade que este artículo fue enviado a The Huffington Post pero que no fue publicado. Entre los motivos que el artículo cita para justificar la censura son los sucesos de la llamada operación Pedro Pan que, según la articulista, se desencadenó por culpa de la "propaganda enemiga".
Precisamente esta propaganda enemiga sigue siendo contemplada como un material delictivo en la Isla, castigado con severas penas de prisión.
Parece pues que la introducción del Internet masivo en Cuba obligaría a cambios en el orden legal que eliminaran el control severo de la comunicación y la libre distribución de informaciones. Resulta difícil pensar que el castrismo vaya a acceder a algo semejante. Sus promesas de apertura no son creíbles.