La economía cubana el 2020 y previsiones para 2021

La economía cubana cerrará este año 2020 con una intensa caída del PIB, tal y como informó el ministro de economía en la sesión de la Asamblea Nacional del pasado 17 de diciembre. Nada más y nada menos que un -11% ha caído el PIB, una cifra superior a las estimaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, calculada en un -8,5%, de las más intensas de la región, como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19 (ver Gráfico 1).

Gráfico 1.- La economía cubana en tiempos de pandemia. Fuente: CEPAL para los años 2019-2020 y ONEI para los años 2016-2018

Pro memoria para el gráfico: 2013 2,7; 2014 1,0; 2015 4; 2016 0,5; 2017 1,8; 2018 2,2; 2019 -0,2; 2020 -11 y 2021 6-7.

A lo largo del ejercicio, el deterioro de la economía ha sido cada vez mayor. Señalar que la primera estimación realizada por CEPAL en el mes de abril, nada más comenzar el duro confinamiento de la población y la economía, fue de una caída del PIB del -3,7%, pero transcurridos dos meses tras el primer pronóstico, en un siguiente informe antes del verano, CEPAL estimó un descenso del -8% que suponía duplicar el descenso estimado de la economía, situando a Cuba en el conjunto de países más afectados por la pandemia, junto a Venezuela (-26 %), Perú (-13 %), Argentina (-10,5 %), Brasil (-9,2 %), México (-9 %), Ecuador (-9 %), El Salvador (-8,6 %), Nicaragua (-8,3 %) y Chile (-7,9 %).

En todo caso, el -11% de 2020 marca una cifra que no se recuerda desde los tiempos del llamado “período especial” y que, en líneas generales, supone que desaparece el crecimiento acumulado de los últimos cinco años, sobre todo, porque el ministro de economía reconoció que la misma en 2019 había caído un -0,2% iniciando la recesión antes de que comenzara la crisis del COVID-19.

En los últimos años, ha quedado demostrada la debilidad estructural de la economía cubana, y que el modelo social comunista impuesto por las autoridades para hacer frente a la crisis, está obsoleto y no da para más.

A lo largo de 2020, las autoridades han “secuestrado” la información estadística que ahora han ofrecido en la Asamblea Nacional. Es evidente que ello sólo podía venir motivado porque los datos no eran buenos y mejor no darlos a conocer.

Ahora se ha sabido que los trimestres centrales del año han sido especialmente duros, con caídas del -24% en tanto que el tercer trimestre y el cuarto, en curso, han mostrado un mayor dinamismo de la economía, pero sin salvar la recesión. Sería conveniente, por bien del análisis y seguimiento de la evolución anual, semestral o trimestral de la economía, que las autoridades no prodigaran tanto su participación en los programas de televisión oficial, denominados “mesa redonda” para ofrecer sus propios datos y juicios de valor sobre la evolución de la economía, sino que establezcan mecanismos sistemáticos de información que ayuden a mejorar la credibilidad y el análisis de la economía.

En su balance ante la Asamblea, el ministro ha reconocido el impacto negativo de la pandemia en la economía, sobre todo en el sector turismo que proporciona divisas para hacer frente a las necesarias importaciones de la economía, por la crisis estructural del aliado Venezuela y la menor llegada de suministros de petróleo, la ruptura de las exportaciones, y realmente no ha citado entre los factores de la crisis el supuesto endurecimiento del embargo estadounidense y las medidas de la administración Trump.

Por otro lado, en ningún momento, las autoridades han reconocido que los principales problemas de la economía cubana se deben al fracaso del modelo social comunista, con su correlato de ineficacia de las políticas económicas, como la llamada Estrategia, incapaz de corregir la improductividad interna, como ocurre en una sector agropecuario que sigue sin producir lo suficiente para dar de comer toda la población.

La historia económica de 2020 permite constatar esa negación. Cierto es que, sobre todo durante el verano, cuando la situación ya era crítica, el ministro de economía Gil defendió la necesidad de cambios, reconociendo que “el país no puede seguir trabajando normalmente y que nada pase”. En ese momento, la lucha contra la COVID-19 exigió al gobierno incrementar el gasto público en una cifra superior a los 1.000 millones de CUP, que no estaban previstos en el presupuesto inicial, obligando de este modo a “posponer algunas actividades, ralentizar el ritmo de otras y prepararnos para la recuperación”. Estos cambios en la gestión presupuestaria y el oscurantismo de las autoridades, han hecho muy difícil realizar una evaluación objetiva de la estructura y dinámica de la economía cubana a lo largo del ejercicio.

De modo que a mediados de año, las autoridades económicas, que habían estimado para 2020 un crecimiento positivo del PIB del 1% antes de conocer los efectos del COVID-19, tuvieron que reconocer que ese objetivo era imposible y sin citar estimación alguna posterior, se enfrentaron a una serie de problemas que vienen a confirmar que cerca ha estado la economía cubana del colapso durante 2020.

No es difícil determinar que la economía cubana en 2020 ha hecho frente a la peor contracción de la actividad económica desde los tiempos ya lejanos del período especial, y aun cuando cabe reconocer que está mejor pertrechada que entonces para afrontar la crisis, la acumulación de anomalías empieza a mostrar señales de alerta y, sobre todo, de que las cosas no se están haciendo bien.

Default del Club de París

La situación financiera, sin divisas del exterior, ha sido insostenible. Las autoridades se vieron en la necesidad de suspender hasta 2022 el pago de su deuda con el Club de París y con ello evitar mayores presiones a su economía. Fue Ricardo Cabrisas por medio de carta, el encargado de pedir a los 14 países acreedores de Cuba, que incluye principalmente a Francia, España, Canadá y Japón "una moratoria para 2019, 2020 y 2021, y volver a pagar en el 2022", si antes, en 2021 un análisis de la situación económica para determinar si el país había recuperado la solvencia nuevamente así lo confirmaba.

Desde que Cuba renegoció en 2015 el acuerdo con el Club de París para la reestructuración de la deuda externa, con una generosa condonación de 8.500 de los 11.100 millones adeudados, destinando el saldo restante a proyectos de inversión, escalonando su pago hasta 2033, y a pesar de las favorables condiciones obtenidas, la historia de retrasos, moratorias y aplazamientos había sido la norma habitual.

Pero ahora, la aceptación por el Club de las condiciones impuestas por Cuba, a pesar del anuncio de sanciones, ha causado sorpresa en los medios internacionales por las facilidades concedidas a la isla para capear un eventual default de pagos de la economía cubana, incapaz de asumir ahora sus compromisos de deuda, situación más grave aún con las estimaciones de caída del PIB antes citadas.

Agricultura urbana en La Habana. REUTERS/Stringer

Problemas del sector agropecuario

Otro ejemplo se encuentra en la agricultura y ganadería cubanas, que durante el año ha movilizado intensamente a los dirigentes Machado Ventura y Valdés Mesa a visitar los campos en producción y lanzar continuas arengas a los productores, en su mayoría privados, que continúan siendo incapaces de suministrar suficientes alimentos para toda la población.

Al margen de los problemas coyunturales que golpean a la agricultura (falta de semillas, problemas de riego, meteorología adversa, sistemas de distribución, falta de aperos e insumos, etc) lo cierto es que el principal problema de la agricultura y ganadería se encuentra en el sistema de arrendamientos de tierras ideado en tiempos de Raúl Castro y mantenido por Díaz Canel.

La tierra en Cuba, altamente productiva, no es rentable porque el régimen no permite a los agricultores aumentar libremente la superficie de cultivo para alcanzar rendimientos crecientes a escala y producir a los costes unitarios más bajos, lo que asegura la máxima rentabilidad. Conviene tener presente que la constitución comunista prohíbe el enriquecimiento privado, y el régimen lo lleva a rajatabla en el campo, limitando y condicionando la entrega de tierras, y con ello, la improductividad e ineficiencia están aseguradas.

Como consecuencia, el régimen se ve obligado a importar alimentos por más de 2.000 millones de dólares, mientras que el sector privado agropecuario es incapaz de producir lo suficiente para toda la población.

Sin un regreso a un marco jurídico de derechos de propiedad de la tierra en Cuba el sector agropecuario seguirá con dificultades para abastecer los mercados y su contribución al PIB ha sido claramente negativa. Vietnam devolvió la propiedad privada de la tierra a los agricultores con su Doi Moi, y de ser una economía de hambrunas periódicas, ahora es una potencia exportadora de cereales en Asia.

Cola para comprar productos en dólares en La Habana.

La necesidad de divisas, tiendas en MLC

Ya en 2019, con la liquidez internacional en descenso, el gobierno anunció la venta en moneda de EEUU en una serie de tiendas mediante tarjetas de débito expedidas por un cierto número de bancos estatales con cargo a cuentas abiertas previamente en dólares, de un conjunto de productos de alimentación, aseo y ciertos equipamientos. Una situación excepcional que el ministro de economía justificó por la necesidad de obtener divisas para surtir las tiendas que vendían en CUC y CUP, reconociendo el carácter temporal de estas tiendas.

Sin embargo, llegó la pandemia, y la red de tiendas en MLC fue ampliada para detraer los recursos que reciben las familias en forma de remesas, procedentes de la diáspora. El mecanismo funciona, porque el gobierno ha continuado aumentando la red y el número de productos que se venden mediante este mecanismo (se ha anunciado la venta de insumos agropecuarios y de paquetes turísticos).

Obviamente no se han proporcionado datos de las ventas en estos establecimientos, pero está asegurado su éxito, dado que el suministro de bienes y mercancías por los canales en CUP es cada vez más escaso y de peor calidad. La unificación de la moneda abre no pocas dudas sobre la compatibilidad de estos dos segmentos de distribución dentro de la misma economía que son el origen de profundas y graves desigualdades sociales.

El descontrol del déficit público

Ha habido que esperar a diciembre (Decreto ley No 24 de 10 de diciembre) para que el régimen desvele la cifra que ha venido ocultando durante todo el año. Como consecuencia de la aplicación de la reforma de salarios y pensiones de la Tarea ordenamiento, se producen en el ejercicio fiscal 2020 gastos asociados al incremento de salarios y otros ingresos devengados y los tributos asociados, de los trabajadores del sector presupuestado y de organizaciones y asociaciones; así como de las pensiones de la seguridad social, que no fueron incluidos en el diseño presupuestario inicial, establecido en la Ley No. 130.

Como consecuencia, se estima un incremento del déficit fiscal en 8.066,6 millones de pesos, lo que aumenta el déficit final estimado del ejercicio 2020 en 20.733,9 millones de pesos, y con ello, el monto de la deuda pública para este período se eleva a 26.350,6 millones de pesos.

En tales condiciones, el déficit público se acerca al 20% del PIB, del orden del doble de la magnitud alcanzada un año antes, que ya era elevada, lo que confirma la ruptura del equilibrio interno y una notable precariedad en la gestión del presupuesto. De igual modo, el gobierno ha recurrido a la emisión de bonos soberanos para financiar el exceso de déficit, como en años anteriores, cebando el tamaño de la deuda. El peor de los diseños posibles. El diseño del presupuesto para 2021 presentado por la ministra de finanzas y precios en la Asamblea nacional da continuidad a la expansión fiscal.

No cabe duda, que Cuba ha afrontado la pandemia en un momento de extrema debilidad de su economía, en el que se ha podido comprobar que el modelo social comunista ha entrado en crisis, está obsoleto y necesita ser reemplazado cuando antes. Ningún país del mundo mantiene esta combinación de planificación central e intervención del estado en la economía, sin derechos de propiedad privada ni mercado como instrumento para la asignación de recursos.

Cuba se ha quedado aislada a nivel internacional con sus trabas, contradicciones e incompetencia de las autoridades económicas antes, durante y después de la crisis del COVID-19. Y en ese marco de incertidumbre y riesgos, el régimen anuncia la tarea ordenamiento para el 1 de enero.

Aunque el análisis se tendrá que realizar en 2021, para el que el ministro anunció un crecimiento del 6-7%, la unificación monetaria y cambiaria, acompañada de medidas salariales y de subsidios, sin reformas estructurales de la economía, y con el gobierno creyendo, de forma errónea que con sus instrumentos puede ejercer alguna influencia sobre las consecuencias del proceso, va a provocar la aparición de problemas que los cubanos no conocen, como el desempleo, la pobreza, con su correlato de pobreza extrema, y el mayor impacto de la misma en los colectivos más vulnerables.

La máxima de que “nadie va a quedar atrás” no podrá ser cumplida. Sobre todo si se tiene en cuenta que lo “destruido” entre 2019 y 2020 supera en 6,7 puntos a lo creado desde 2016. La economía tendrá que crecer por encima del 7% en 2022 para regresar a los niveles de 2016, la pérdida para todos los cubanos es insostenible.

Esto quiere decir que las desigualdades de la economía cubana aumentarán y se cronificarán en función del acceso a las remesas, y los efectos sobre el valor de las exportaciones que se persiguen con la devaluación quedarán apagados con el incremento de las tensiones inflacionistas que llevaran el deterioro económico a niveles no reconocidos desde los tiempos del periodo especial. Los cubanos tienen que estar preparados para lo peor.