La preocupación de Human Rights Watch sobre el nuevo presidente de Irán

Las elecciones presidenciales del 19 de junio del 2021 en Irán. (Atta Kenare/AFP).

“La victoria del 19 de junio de Ebrahim Raeesi, jefe del Poder Judicial en Irán, en una elección presidencial que no fue ni libre ni justa, genera serias preocupaciones sobre los derechos humanos y la transparencia en el país", dijo Human Rights Watch, HRW.

Raeesi ha tenido una larga carrera en el poder judicial y formó parte de un comité de cuatro miembros que ordenó la ejecución de miles de presos políticos en 1988, indicó HRW.

El Ministerio del Interior anunció que ganó la presidencia el 19 de junio con un 62% de los votos. Pero, dijo HRW, "las autoridades iraníes allanaron el camino para que Ebrahim Raeesi se convirtiera en presidente mediante la represión y unas elecciones injustas".

"Como jefe del represivo poder judicial de Irán, Raeesi supervisó algunos de los crímenes más atroces en la historia reciente de Irán, que merecen investigación y rendición de cuentas en lugar de la elección para un alto cargo", subrayó el grupo pro derechos humanos.

En el período anterior a las elecciones, el Consejo de Guardianes, un cuerpo de 12 juristas religiosos y expertos legales masculinos encargados de examinar las elecciones, descalificó a un gran número de candidatos sin dar una razón, incluidos varios funcionarios gubernamentales prominentes. Ali Larijani, el ex presidente del Parlamento, y Eshaq Jahangiri, el actual primer vicepresidente, estaban entre ellos.

El 20 de mayo, Mehdi Mahmoudian, activista de derechos humanos y periodista, informó que las autoridades habían citado a dos periodistas que criticaron a Raeesi en Twitter.

Raeesi ha tenido una carrera durante más de tres décadas en el poder judicial, que ha actuado como piedra angular de la represión en Irán. Durante el verano de 1988, el gobierno iraní ejecutó sumaria y extrajudicialmente a miles de presos políticos recluidos en cárceles iraníes. La mayoría cumplía penas de prisión por sus actividades políticas tras juicios injustos en tribunales revolucionarios, agregó HRW.

El gobierno nunca ha reconocido estas ejecuciones ni ha proporcionado información sobre cuántos fueron asesinados. Pero en agosto de 2016, la familia del difunto ayatolá Hussein-Ali Montazeri, el exlíder supremo adjunto, publicó un archivo de audioen el que criticó duramente las ejecuciones en una conversación con el comité que incluía a Raeesi, calificándola de "la mayor crimen en la República Islámica, por el que la historia nos condenará".

"Las ejecuciones en masa de 1988 fueron crímenes de lesa humanidad y se encuentran entre los crímenes más odiosos del derecho internacional", dijo Human Rights Watch. "Los responsables deben ser investigados y procesados por estos delitos".