La prostitución de menores de edad sigue siendo en Cuba un flagelo que alcanza niveles de tolerancia alarmantes.
En su Informe Nacional de Cuba sobre Trata de Personas 2021, publicado la semana pasada, el gobierno cubano asegura que a partir de un proceso de diagnóstico en el Sistema de Educación se encontraron “217 estudiantes identificados por indicios o prácticas asociadas a la prostitución”.
Aunque en el reporte el régimen estima que el total de casos “denota la baja incidencia de este delito en el territorio nacional”, activistas de la Sociedad Civil, que hablaron con Radio Televisión Martí, consideran que el asunto es altamente inquietante, en un país de cifras oficiales dudosas.
No existe ningún estudio del Estado que indique con exactitud la cantidad de menores que se someten a la prostitución. Sin embargo, la visibilidad del problema en las calles constata que se ha acrecentado con la misma celeridad que la penuria, en un escenario de pérdida de valores, coincidieron los activistas.
“La prostitución en Cuba y específicamente la de menores, no es algo nuevo: en la década de los 90 hubo un auge importante de la prostitución, más que nada por la crisis económica, política y social profunda que arrasó con el país”, indicó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Alas Tensas, que tiene su sede en Madrid.
“Pero, lo más preocupante de todo esto es lo naturalizado que está en el país este fenómeno y lo naturalizado, ya no a nivel social, sino al interior de la propia familia”, subrayó Núñez.
El Código Penal cubano actual no contempla directamente la prostitución infantil como un delito, sino que lo incluye en la sección de Corrupción de Menores, entendiendo como menores a niños hasta los 16 años de edad.
Tampoco lo hace el nuevo Código Penal que entrará en vigor en diciembre pues, aunque incorpora a la trata de personas como un delito independiente, no tipifica el de prostitución.
“Lo peor es que la sociedad cubana se ha vuelto muy indulgente ante un hecho gravísimo como la prostitución infantil pero no hay una voluntad política, ni de las instituciones de concientizar, ni siquiera ofrecer un panorama más saludable en el sentido de dignidad humana”.
La cuestión se agudiza cuando menores de edad se ven abocados a vender su cuerpo, frecuentemente con el consentimiento de sus padres, para comprar ropa y alimentos o emigrar.
“Jovencitas y jovencitos vienen del interior del país hacia los polos turísticos. Y esto es algo que se da mucho, la mayoría muy jóvenes y que van a, digamos, a trabajar, a ejercer la prostitución, el jineterismo en los meses de alza del turismo para luego regresar a sus provincias”, dijo.
Para Núñez, la problemática va “más allá de la precariedad”; se da, igualmente, por “la ausencia de proyectos de vida o de otras posibilidades para subsistir”.
“Porque ya no estamos hablando de un enriquecimiento. Es un trabajo que se hace para sobrevivir”, destacó.
Por otro lado, “los modelos de éxito, muchas veces, son las personas que pueden acceder a un casamiento con un turista o que se dedican a la prostitución de manera regular y logran un desenvolvimiento económico. Esto se revierte en la decisión que toman los más jóvenes de dedicarse a la prostitución”.
La pobreza, la discriminación por motivos de género, la desintegración de las familias y los disturbios y abusos intrafamiliares propician que los menores se inclinen a prostituirse.
“Estamos hablando de un país donde el castigo físico hacia las infancias está naturalizado, dónde hasta este año con la entrada en vigor del nuevo Código de la Familia, el matrimonio infantil estaba permitido y además donde el proxenetismo, a pesar de estar tipificado en el Código Penal, está también naturalizado. O sea, es como convivir todo el tiempo con el espíritu de Yarini, como una especie de héroe de la nación”, señaló la feminista Marta María Ramírez.
“Cualquier cifra relacionada con las infancias y sus integridades a mí me parece que son un subregistro. ¿Dónde quedan registrados estos casos y dónde quedarían registrados los de mujeres cuando crecen y pueden denunciar, por ejemplo, las víctimas del depredador sexual, con una sentencia irrisoria pero confirmada por un tribunal cubano, Fernando Becquer, a niñas que tenían entre 16 y 17 años?, se pregunta la activista.
En el nivel socio cultural cubano, la inequidad de género coloca a las mujeres en mayor riesgo. Esta situación se agrava para las adolescentes madres, quienes con poca educación, sin posibilidades de encontrar oportunidades para una vida decorosa, encuentran en la venta de su cuerpo la única alternativa de sustento.
“Esto es la punta de un iceberg, un fenómeno mucho más complejo en un país donde aumenta la feminización de la pobreza con el aumento de los hogares monoparentales y responsabilidades que quedan, exclusivamente, en manos de mujeres como la de criar a los hijos", dijo Ramírez.
De acuerdo a la UNESCO, “las sociedades deben estar dispuestas a reconocer la explotación sexual comercial de sus niñas y niños y adoptar medidas al respecto”.
“Hay varios casos que han sonados en redes sociales, sobre la negativa de autoridades o de la violación de los protocolos de las autoridades cubanas para atender casos de abuso sexual infantil. ¿Dónde está la responsabilidad estatal ante un país sin políticas públicas para las mujeres, que maternan solas, con esta feminización de la pobreza, creciente, y además, con la desprotección que esto genera para las infancias?”.
“Pero tenemos la responsabilidad como sociedad: no podemos seguir esperando a que el Estado patriarcal, paternalista, nos otorgue la posibilidad de hablar de esos temas. Tenemos que forzar al Estado a hablarlos y a proteger a nuestras infancias”, recalcó Ramírez.