La Seguridad del Estado "me mantiene regulado desde 2018", denuncia periodista independiente

Pedro Acosta Peña, ejecutivo nacional de Observadores de Derechos Electorales.

Luego de tres años de haber sido “regulado" por la Seguridad del Estado en Cuba, el periodista independiente Pedro Acosta volvió esta semana a las oficinas de Inmigración para revonovar su pasaporte, pero le fue imposiblle realizar el trámite.

Acosta dijo a Radio Televisión Martí que la negativa a renovar el documento indica que sigue en la lista de "regulados", pero decidió no preguntar las razones. "En esas oficinas no pueden dar ninguna explicación, en realidad no la tienen", apuntó.

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Según las leyes en Cuba, los motivos para negar a un ciudadano la salida temporal del país son que tenga deudas con el Estado, esté pendiente a juicio, en libertad condicional, o en prisión.

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Declaraciones de Pedro Acosta

Acosta dijo que no está en ninguno de esos casos, por tanto no tiene dudas de que la disposición "obedece a una orden de la Seguridad del Estado por su posición política, y por las denuncias que publica en las redes sociales".​

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"En todos esto años jamás he aceptado hablar con los oficiales sobre ese tema y no lo voy a hacer" ahora, enfatizó.

DIjo que desde la primera prohibición en su contra decidió publicar denuncias sobre esa arbitrariedad, porque "a veces la gente se va olvidando de que siguen las regulaciones, y no debemos dejarlo pasar por alto", señaló.

También, a partir del 2018, cada semana, en su página de Facebook, publica la sección "Viernes de Denuncia", donde expone las violaciones a la libertad de movimiento, critica los problemas en el país y la inoperancia del gobierno ante los problemas sociales.

La violación de la libertad de movimiento, tanto al exterior del país como dentro de la isla, es usada frecuentemente como represalia contra activistas y periodistas independientes.

Una compilación del Instituto Patmos, a finales del 2020, reportó que en la isla al menos 247 cubanos han sido regulados por razones políticas o religiosas.

La organizacion Human Rights Watch advirtió el pasado año que la política del régimen cubano de prohibir la salida de sus ciudadanos de la isla es una grave violación de los derechos humanos.