Unos 28.400 cubanos con antecedentes penales están en indefinida espera para ser deportados de Estados Unidos, muchos de ellos bajo la supervisión de Inmigración y Control de Aduanas.
Pero el año pasado, el organismo deportó el 42% menos del total de las deportaciones. La anomalía es uno de los muchos resultados inusuales derivados de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en el año 1961.
Por el momento, el Gobierno cubano no tiene muchos incentivos para aceptar a estas personas, debido al déficit de casas y trabajos. No obstante, Cuba tiene varias demandas migratorias que podrían formar la base de un acuerdo para manejar las deportaciones. Las autoridades de la isla piden la eliminación de la política de "pies secos, pies mojados" y del programa para profesionales de la salud.
"Es como un tsunami. Está llegando", dijo a The World Post, Grisel Ybarra, una abogada de Miami que ha representado a más de 1.000 cubanos en proceso de deportación a lo largo de una carrera de dos décadas.
Ybarra, quien afirma que nunca ha perdido un caso, dijo que después que Estados Unidos y Cuba restablecieran las relaciones diplomáticas el año pasado y el presidente Barack Obama tomara la iniciativa de visitar la isla comunista, se espera que los dos países finalmente llevarán a cabo un proceso para enviar a los cubanos deportables de vuelta.
El Huffington Post entrevistó a Francisco Jesús Jiménez, de 58 años, uno de los alrededor de 2.200 que han sido deportados desde 1980, debido a que el Gobierno cubano se niega a aceptar a la gran mayoría de sus ciudadanos deportables.
125.000 cubanos llegaron desde Mariel (Cuba) a Cayo Hueso (EEUU) entre abril y octubre de 1980.
Jiménez, quien fue expulsado por el puerto del Mariel en 1980 hacia Estados Unidos, cuando cumplía prisión por el robo de una bicicleta, empezó a vender drogas en el país que le acogió y, finalmente, fue detenido por la venta de crack en 1998.
A medida que las relaciones EEUU-Cuba se descongelan, más a menudo podría haber deportaciones de cubanos a la isla. Y las dificultades de Jiménez para encontrar una vivienda, comida y trabajo plantean preguntas sobre si el Gobierno de Castro está preparado para manejar una afluencia de decenas de miles de deportados en el corto plazo.
"En 22 años, trabajé unos cinco o seis años. Entonces, el resto empecé a vender drogas porque tenía hijos", dijo Jiménez.
"No estoy tratando de excusarme, porque eso era malo. Pero comienzo a la venta de drogas... Y no pude rehacer mi vida. Yo no vendía drogas para la gente honesta, pero eran personas de todos modos".
Jiménez se queja de que en 12 años que lleva viviendo en Cuba, tras su regreso, no ha logrado reinsertarse a la sociedad. Además de los bajos salarios de los trabajos estatales, lo rechazaban de los potenciales empleos por haber vivido en Estados Unidos. Ahora sobrevive como un informal guía de turismo, mientras lidia con la carencia de su medicina para la artritis y el solar en peligro de derrumbe donde vive.
En el artículo, la periodista cita al historiador graduado en Harvard Alejandro de la Fuente, quien apunta a la emigración cubana como una válvula de escape para la presión por la falta de viviendas que comenzó en las dos décadas que siguieron a 1960. Quienes se iban del país dejaban atrás sus casas.
A pesar de los años, la vivienda sigue siendo un problema medular en la sociedad cubana, pero el Gobierno no ha priorizado la construcción de nuevas viviendas. Si más personas son deportados a la isla, probablemente las autoridades no podrán proveerles una vivienda adecuada.
"El Gobierno cubano ni siquiera puede mantenerse al día con las necesidades de vivienda de las personas que ya están en Cuba, mucho menos las de la gente que vuelve del extranjero", apunta De la Fuente.
En un acuerdo de 1984, Estados Unidos y el Gobierno de Castro establecieron una lista de 2.746 personas que viven en Estados Unidos que podían ser enviadas de regreso a Cuba, según el Departamento de Seguridad Nacional. Pero pocos han sido deportados.
El Departamento de Seguridad Nacional clasifica a los extranjeros con antecedentes penales como una alta prioridad para su deportación.
El senador Chuck Grassley presionó en agosto a la Administración de Barack Obama para obtener información sobre los nacionales cubanos en Estados Unidos a quienes no han logrado repatriar a Cuba.
El republicano de Iowa, en una carta al secretario de Estado John Kerry y al secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, dijo que las recientes negociaciones entre Estados Unidos y Cuba ofrecen una "oportunidad única" para exigir que Cuba acepte a algunos de sus nacionales que han recibido orden de salir de Estados Unidos.
Días después del anuncio del presidente Obama sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, 19 republicanos de la Cámara de Representantes escribieron al mandatario a fin de exigir que acepte la repatriación de más de 21.000 delincuentes peligrosos deportables y que ya no se encuentran en las cárceles sino en las calles de Estados Unidos.