El Departamento de Estado publicó el martes una Hoja Informativa sobre las nuevas acciones de la administración Biden-Harris diseñadas para asegurar la frontera de Estados Unidos.
Hoja Informativa
Las nuevas medidas impedirán que los inmigrantes que crucen ilegalmente nuestra frontera sur reciban asilo
Biden toma medidas mientras los republicanos del Congreso anteponen la política partidista a la seguridad nacional, votando dos veces en contra de las reformas más duras en décadas
Desde su primer día en el cargo, el presidente Biden ha pedido al Congreso que asegure nuestra frontera y aborde el asunto de nuestro maltrecho sistema de inmigración. En los últimos tres años, mientras que el Congreso no ha actuado, el Presidente ha actuado para asegurar nuestra frontera. Su administración ha desplegado el mayor número de agentes y oficiales para hacer frente a la situación en la frontera sur, ha incautado niveles récord de fentanilo ilícito en nuestros puertos de entrada y ha reunido a líderes mundiales en torno a un marco para hacer frente a los cambiantes patrones migratorios que están afectando a todo el Hemisferio Occidental.
A principios de este año, el Presidente y su equipo alcanzaron un histórico acuerdo bipartidista con los demócratas y republicanos del Senado para llevar a cabo las reformas más importantes de las leyes de inmigración de Estados Unidos en décadas. Este acuerdo habría añadido personal crítico de fronteras e inmigración, invertido en tecnología para capturar fentanilo ilegal, introducido reformas radicales en el sistema de asilo y otorgado autoridad de emergencia al Presidente para cerrar la frontera cuando el sistema se vea desbordado. Sin embargo los republicanos en el Congreso optaron por anteponer la política partidista a nuestra seguridad nacional, votando en dos ocasiones en contra del conjunto de reformas más duras y justas en décadas.
El presidente Biden considera que debemos asegurar nuestra frontera. Por eso ha anunciado hoy medidas ejecutivas para prohibir que los inmigrantes que crucen ilegalmente nuestra frontera sur reciban asilo. Estas medidas entrarán en vigor cuando el elevado número de encuentros en la frontera sur supere nuestra capacidad de actuar a tiempo, como ocurre hoy. Facilitarán a los funcionarios de inmigración la expulsión de quienes carezcan de base legal para permanecer en el país y reducirán la carga de nuestros agentes de la patrulla fronteriza.
Pero debemos ser claros: esto no puede lograr los mismos resultados que la acción del Congreso, y no proporciona el personal crítico y la financiación necesaria para asegurar aún más nuestra frontera sur. El Congreso aún debe actuar.
Las acciones ejecutivas de la Administración Biden-Harris:
Prohibirán que los migrantes que crucen ilegalmente la frontera sur reciban asilo
- El Presidente Biden emitió una proclama en virtud de los artículos 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad por la que se suspende el ingreso en Estados Unidos de los no ciudadanos que crucen ilegalmente la frontera sur. Esta proclama va acompañada de una decisión final provisional de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional que restringe el asilo a esos no ciudadanos.
- Estas medidas entrarán en vigor cuando la frontera sur se vea desbordada y facilitarán a los funcionarios de inmigración la rápida expulsión de las personas que carezcan de base legal para permanecer en Estados Unidos.
- Estas medidas no son permanentes. Dejarán de aplicarse cuando el número de inmigrantes que crucen la frontera entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar de forma segura y eficaz las operaciones fronterizas. Estas acciones también incluyen excepciones humanitarias similares a las incluidas en el acuerdo fronterizo bipartidista anunciado en el Senado, incluidas las destinadas a menores no acompañados y a víctimas del tráfico de personas.
Acciones recientes para asegurar nuestra frontera y abordar nuestro maltrecho sistema de inmigración:
Fortalecer el proceso de evaluación para casos de asilo
- El Departamento de Seguridad Nacional publicó una propuesta de norma para garantizar que los inmigrantes que supongan un riesgo para la seguridad pública o nacional sean expulsados lo más rápidamente posible en el proceso, en lugar de permanecer en detención prolongada y costosa previo a la expulsión. Esta propuesta de norma mejorará la seguridad y tendrá consecuencias más oportunas para quienes no tengan base legal para permanecer en Estados Unidos.
Se anuncian nuevas acciones para resolver los casos de inmigración con más celeridad
- El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional han puesto en marcha un procedimiento de casos de recién llegados para resolver más rápidamente una parte de los casos de inmigración de migrantes que intenten cruzar entre los puertos de entrada de la frontera sur infringiendo nuestras leyes de inmigración.
- A través de este proceso, el Departamento de Justicia podrá tramitar estos casos con mayor celeridad y el Departamento de Seguridad Nacional podrá expulsar más rápidamente a las personas que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos y conceder protección a aquellos que tengan razones válidas.
- El acuerdo bipartidista sobre la frontera habría creado y apoyado un marco aún más eficiente para emitir decisiones definitivas a todos los solicitantes de asilo. Este nuevo proceso para reformar nuestro desbordado sistema de inmigración solo puede ser creado y financiado por el Congreso.
Revocación de visados de directores ejecutivos y funcionarios gubernamentales que se beneficien del ingreso ilegal de migrantes en Estados Unidos
- El Departamento de Estado impuso restricciones de visado a los directivos de varias empresas de transporte colombianas que se benefician del tráfico ilícito de migrantes por mar. Con esta actuación se toman medidas enérgicas contra las empresas que ayudan a facilitar la entrada ilegal en Estados Unidos y se envía un mensaje claro de que nadie debe lucrarse con la explotación de migrantes vulnerables.
- El Departamento de Estado también impuso restricciones de visado a más de 250 miembros del gobierno nicaragüense, actores no gubernamentales y sus familiares directos por su papel en el apoyo al régimen de Ortega-Murillo, que está vendiendo visados de tránsito a migrantes de dentro y fuera del Hemisferio Occidental que en última instancia se dirigen a la frontera sur.
- Anteriormente, el Departamento de Estado revocó visados a ejecutivos de aerolíneas chárter por acciones similares.
Ampliar esfuerzos para desmantelar el tráfico de personas y apoyar los enjuiciamientos de inmigración
- Los departamentos de Estado y de Justicia han puesto en marcha una iniciativa de “recompensas contra el tráfico de personas” (Anti-Smuggling Rewards) destinada a desmantelar la cúpula de las organizaciones de traficantes de personas que introducen migrantes a través de América Central y de la frontera sur de Estados Unidos. La iniciativa ofrecerá recompensas económicas a cambio de información que conduzca a la identificación, localización, detención o condena de los principales responsables de importantes actividades de tráfico de personas en la región.
- El Departamento de Justicia intentará imponer penas nuevas y más severas contra los traficantes de seres humanos que reflejen adecuadamente la gravedad de su conducta delictiva y la miseria humana que causa.
- El Departamento de Justicia también está colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional para enviar más fiscales y personal de apoyo con el fin de aumentar los procesos relacionados con la inmigración en las Fiscalías Federales fronterizas de Estados Unidos. Los esfuerzos incluyen el despliegue de más fiscales adjuntos especiales del Departamento de Seguridad Nacional en diferentes fiscalías federales, la asignación de personal de apoyo a fiscalías federales críticas, incluidos Fiscales del Departamento de Justicia para prestar servicios de duración específica en fiscalías federales de varios distritos fronterizos, así como la asociación con agencias federales para identificar recursos adicionales para perseguir estos delitos.
Mejorar la aplicación de las leyes de inmigración
- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha incrementado su cantidad de agentes en la frontera sur y está derivando una cantidad sin precedentes de personas para su rápida expulsión.
- El Departamento de Seguridad Nacional está realizando más vuelos de repatriación por semana que nunca antes. En el año transcurrido el DHS ha expulsado o retornado a más de 750.000 personas, más que en cualquier otro año fiscal desde 2010.
- Trabajando estrechamente con asociados en la región, la Administración Biden-Harris está identificando y colaborando en los esfuerzos para aplicar la ley para frenar la migración irregular antes de que los migrantes lleguen a la frontera sur, ampliando inversiones y oportunidades de integración en la región para apoyar a todos aquellos que de otro modo buscan migrar y aumentar las vías legales para los migrantes como una alternativa a la migración irregular.
Decomisar fentanilo en nuestra frontera
- Los funcionarios fronterizos han decomisado más fentanilo en los puertos de entrada en los dos años pasados más que en los cinco últimos años combinados, y el Presidente ha agregado 40 máquinas detectoras de drogas en puntos de entrada para frenar el contrabando del fentanilo en el territorio nacional. El acuerdo fronterizo bipartidista permitiría financiar la instalación de otras 100 máquinas de última tecnología para la inspección que ayudarían en la detección del fentanilo en nuestros puertos de entrada en el sur.
- En estrecha asociación con el gobierno de México el Departamento de Justicia ha extraditado a Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como “el Nini”, de México a Estados Unidos para ser enjuiciado por su participación en el tráfico ilícito de fentanilo y por abusos de derechos humanos. Este es uno de los muchos esfuerzos conjuntos con México para abordar la epidemia del fentanilo y drogas sintéticas que está matando a muchas personas en nuestros países y a nivel mundial, así como para exigir cuentas a las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.