"Los trabajadores nacionales son explotados por el Estado cubano con la complicidad de los inversores extranjeros", denuncia el informe presentado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) convocó este viernes una conferencia de prensa en Miami, en la que dio a conocer un informe sobre la nueva Ley de Inversión Extranjera aprobada por La Asamblea Nacional de Cuba el pasado 29 de marzo.
"El Estado socialista cubano es un ejemplo modelo de totalitarismo, opresión, discriminación y explotación. Como una irónica paradoja, el régimen cubano ejerce su poder absoluto sobre la clase obrera con la complicidad de los capitalistas extranjeros que invierten en la isla en busca de una ganancia rápida", señaló José Álvarez, profesor emérito de la Universidad de la Florida y autor del informe.
Según Alvarez, la nueva ley, que entrará en vigor en junio, viola por lo menos siete tratados internacionales y declaraciones sobre el trabajo aprobadas por la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo.
El informe observa que "los asuntos relacionados con la contratación, el despido y la remuneración de la mano de obra se han mantenido sin cambios después de la legislación".
Según el estudio, la nueva Ley de Inversión Extranjera reitera por otra parte el compromiso del régimen cubano a respetar los derechos de propiedad de los inversionistas. Sin embargo, el artículo 27 de la ley de la Zona Especial de Desarrollo Mariel prevé la posibilidad de revocar la autorización por diversas razones: "El incumplimiento de las obligaciones esenciales; por causas de orden público o la seguridad nacional; razones de interés social o bien público".
Alvarez señaló que la Ley de Inversión Extranjera tiene cláusulas similares. "Antecedentes previos en este sentido hacen que sea difícil creer la promesa de no expropiación", aseveró.
La referencia a la indemnización no es tampoco suficientemente clara, y la ley establece que cualquier conflicto debe ser resuelto bajo la tutela de las instituciones cubanas, indica el informe presentado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
"El Estado socialista cubano es un ejemplo modelo de totalitarismo, opresión, discriminación y explotación. Como una irónica paradoja, el régimen cubano ejerce su poder absoluto sobre la clase obrera con la complicidad de los capitalistas extranjeros que invierten en la isla en busca de una ganancia rápida", señaló José Álvarez, profesor emérito de la Universidad de la Florida y autor del informe.
Según Alvarez, la nueva ley, que entrará en vigor en junio, viola por lo menos siete tratados internacionales y declaraciones sobre el trabajo aprobadas por la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo.
El informe observa que "los asuntos relacionados con la contratación, el despido y la remuneración de la mano de obra se han mantenido sin cambios después de la legislación".
Según el estudio, la nueva Ley de Inversión Extranjera reitera por otra parte el compromiso del régimen cubano a respetar los derechos de propiedad de los inversionistas. Sin embargo, el artículo 27 de la ley de la Zona Especial de Desarrollo Mariel prevé la posibilidad de revocar la autorización por diversas razones: "El incumplimiento de las obligaciones esenciales; por causas de orden público o la seguridad nacional; razones de interés social o bien público".
Alvarez señaló que la Ley de Inversión Extranjera tiene cláusulas similares. "Antecedentes previos en este sentido hacen que sea difícil creer la promesa de no expropiación", aseveró.
La referencia a la indemnización no es tampoco suficientemente clara, y la ley establece que cualquier conflicto debe ser resuelto bajo la tutela de las instituciones cubanas, indica el informe presentado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
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