Las nuevas disposiciones de la legislación cubana toman en consideración resoluciones de las Naciones Unidas aprobadas en 1999 y el 2001.
Las autoridades cubanas emitieron un decreto-ley que actualiza y fija sus normas para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y que incluye entre sus medidas congelar "sin dilación" cualquier fondo de entidades extranjeras vinculadas con Al Qaida y los talibanes.
La ley, que entrará en vigor en marzo, contempla un escenario de "creciente internacionalización de las relaciones económicas, la ampliación de los sujetos que participan y los desafíos que imponen el uso de las nuevas tecnologías en la tramitación de transacciones financieras". Por ello se promulga la ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y el movimiento de capitales ilícitos, que actualiza las normas que ya estaban en vigor.
La normativa, firmada en diciembre pasado por el gobernante cubano, Raúl Castro, regirá sobre instituciones financieras, oficinas de representación, incluidas las extranjeras, y otras personas jurídicas y naturales del sector estatal y privado, publicó la Gaceta Oficial de la isla. Este es el caso de abogados, notarios, consultores y contables.
El nuevo decreto busca "crear estructuras" y establecer bases legales para controlar, investigar, prevenir y detectar cualquier operación que trate de encubrir no sólo el lavado de activos y el terrorismo, sino la proliferación de armas y el movimiento de capitales ilícitos.
La medida, que se adscribe a las resoluciones de la ONU que sancionan los vínculos con Al Qaida y otros terroristas, también se aplicará a personas o entidades identificadas por el Consejo de Seguridad "como terroristas", o "por solicitud de cooperación de terceros países". Muchas de estas resoluciones, como las resoluciones 1267/1999 o 1373/2001, ambas del Consejo de Seguridad de la ONU.
Para Cuba también ha sido factor determinante la nueva realidad empresarial del país, ya que “la creación de compañías, asociaciones y otras formas de administración comercial y públicas exigen que se amplíen y armonicen, con los estándares aceptados internacionalmente, las estructuras y procedimientos existentes".
Se pretende de este modo crear las estructuras y bases legales para poder controlar, investigar, prevenir y detectar cualquier operación que trate de encubrir las actividades ilícitas en territorio cubano.
El Consejo de Ministros aprobó asimismo la creación de una Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras sujeta al Banco Central de Cuba (BCC), que regirá todas las operaciones contra esas actividades.
En junio pasado ya el BCC había adelantado su nueva política contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el movimiento de capitales ilícitos, aplicable a todas las oficinas y sucursales financieras radicadas en la isla.
CUBA Y EL GAFI
En su informe por países 2012 sobre el terrorismo en el mundo el Departamento de Estado de EE.UU. señaló en su apartado sobre Cuba que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había identificado deficiencias estratégicas en la gestión cubana contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Pero el reporte del gobierno estadounidense también tomaba nota de que, en 2012, Cuba se convirtió en miembro del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Dinero, organismo regional al estilo del GAFI, un paso mediante el cual La Habana se comprometió a adoptar y aplicar las Recomendaciones del grupo.
Esta entidad intergubernamental, establecida en 1989, se ocupa de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
El GAFI sacó a Cuba en 2013 de la lista de países y jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), que no han hecho progresos suficientes para solucionar las mismas. Actualmente la isla figura en otra lista de 24 países que que se encuentran en proceso continuo de revisión de sus sistemas ALA/CFT en materia de cumplimiento de los estándares del Grupo.
La ley, que entrará en vigor en marzo, contempla un escenario de "creciente internacionalización de las relaciones económicas, la ampliación de los sujetos que participan y los desafíos que imponen el uso de las nuevas tecnologías en la tramitación de transacciones financieras". Por ello se promulga la ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y el movimiento de capitales ilícitos, que actualiza las normas que ya estaban en vigor.
La normativa, firmada en diciembre pasado por el gobernante cubano, Raúl Castro, regirá sobre instituciones financieras, oficinas de representación, incluidas las extranjeras, y otras personas jurídicas y naturales del sector estatal y privado, publicó la Gaceta Oficial de la isla. Este es el caso de abogados, notarios, consultores y contables.
El nuevo decreto busca "crear estructuras" y establecer bases legales para controlar, investigar, prevenir y detectar cualquier operación que trate de encubrir no sólo el lavado de activos y el terrorismo, sino la proliferación de armas y el movimiento de capitales ilícitos.
La medida, que se adscribe a las resoluciones de la ONU que sancionan los vínculos con Al Qaida y otros terroristas, también se aplicará a personas o entidades identificadas por el Consejo de Seguridad "como terroristas", o "por solicitud de cooperación de terceros países". Muchas de estas resoluciones, como las resoluciones 1267/1999 o 1373/2001, ambas del Consejo de Seguridad de la ONU.
Para Cuba también ha sido factor determinante la nueva realidad empresarial del país, ya que “la creación de compañías, asociaciones y otras formas de administración comercial y públicas exigen que se amplíen y armonicen, con los estándares aceptados internacionalmente, las estructuras y procedimientos existentes".
Se pretende de este modo crear las estructuras y bases legales para poder controlar, investigar, prevenir y detectar cualquier operación que trate de encubrir las actividades ilícitas en territorio cubano.
El Consejo de Ministros aprobó asimismo la creación de una Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras sujeta al Banco Central de Cuba (BCC), que regirá todas las operaciones contra esas actividades.
En junio pasado ya el BCC había adelantado su nueva política contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el movimiento de capitales ilícitos, aplicable a todas las oficinas y sucursales financieras radicadas en la isla.
CUBA Y EL GAFI
En su informe por países 2012 sobre el terrorismo en el mundo el Departamento de Estado de EE.UU. señaló en su apartado sobre Cuba que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) había identificado deficiencias estratégicas en la gestión cubana contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Pero el reporte del gobierno estadounidense también tomaba nota de que, en 2012, Cuba se convirtió en miembro del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Dinero, organismo regional al estilo del GAFI, un paso mediante el cual La Habana se comprometió a adoptar y aplicar las Recomendaciones del grupo.
Esta entidad intergubernamental, establecida en 1989, se ocupa de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
El GAFI sacó a Cuba en 2013 de la lista de países y jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), que no han hecho progresos suficientes para solucionar las mismas. Actualmente la isla figura en otra lista de 24 países que que se encuentran en proceso continuo de revisión de sus sistemas ALA/CFT en materia de cumplimiento de los estándares del Grupo.