La presa política cubana Lisdany Rodríguez tiene 25 años y casi tres meses de embarazo. Esta semana le tocaba consulta con el médico, pero las autoridades del penal del Guamajal, en Villa Clara, le dijeron que no había combustible para llevarla al hospital.
“Ella no quiere abortar y están haciendo de todo para que eso pase. Además de no llevarla a la consulta, el martes la dejaron más de doce horas sin comer. Por la noche, cuando le pidió el yogurt a la oficial que estaba de guardia, la mujer se negó a alcanzárselo”, dijo a Martí Noticias su madre, Bárbara Isaac Rojas.
La joven cumple una condena de ocho años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021. En noviembre pasado Naciones Unidas denunció la detención arbitraria y represión religiosa contra ella y su hermana Lisdiany, presa por el mismo motivo.
“El día que mi hija supo que estaba embarazada se puso muy feliz porque lleva casi ocho años con su esposo y nunca lo habían logrado. Eso pasó en la última visita conyugal que tuvieron”, cuenta. Luis Ernesto Jiménez cumple una condena en la prisión para hombres de El Yabú, en la misma provincia.
“Ella primero se hizo una prueba de embarazo y dio positivo, pero cuando le hicieron el ultrasonido para confirmarlo, el doctor comenzó a ordenarle todos los análisis para que abortara. Ella dijo que quería tenerlo y desde entonces no la dejan en paz. Hasta a un psicólogo la llevaron para convencerla que era mejor que no tuviera a su bebé”, agrega la madre.
Bárbara ha tenido que llevarle las pastillas prenatales a su hija porque en la prisión “no hay nada”. “Lisdiany no para de vomitar, tiene náuseas, y me la dejan hasta sin comer. Los oficiales todo el tiempo le están diciendo que lo mejor es que aborte. Ella depende de lo que yo pueda conseguir y llevarle”.
En Cuba es ilegal obligar a una persona, esté o no privada de libertad, a realizarse un aborto. La Orden 7 de 2016 Reglamento del Sistema Penitenciario, en los artículos del 70 al 73, estable algunas de estas normas.
“Las internas en periodo de gestación y lactancia son ubicadas en locales habilitados para estos fines dentro del propio centro de internamiento donde reciben el tratamiento asistencial y se le exime de las obligaciones que resulten incompatibles con su estado durante ese tiempo, según las especificaciones de un dictamen médico”, explica a Martí Noticias Raudiel Peña Barrios, abogado del servicio de asesoría legal Cubalex.
Las autoridades penitenciarias tienen “la obligación de permitirle desarrollar todo el proceso de gestación y de atenderla en términos médicos e incluso de permitirle, si ella lo quisiera, estar junto al niño durante su primer año de vida”, agrega.
Esta semana Prisioners Defenders entregó la relatoría del caso de Lisdany al alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. “Llevar a una mujer y su cuerpo a un punto en el que se pueda provocar la muerte del bebé o un problema de salud grave no supone más que otro tipo de tortura sobre ella y un asesinato de estado sobre el bebé”, comenta a nuestra redacción Javier Larrondo, director de la organización.
A finales de enero la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) denunció en redes sociales el caso de la joven y exigió a las autoridades que cumplan “las atenciones contempladas en el Programa Materno Infantil a partir de las 10 semanas de gestación”.
“Lisdany tiene malestares, muchos vómitos, y le niegan la atención médica y los medicamentos en todo este trance. Más aún, la tienen hasta 12 horas sin comida, provocando que su situación lleve a un aborto provocado”, recoge el informe presentado por PD ante Naciones Unidas.
La joven es una de las más de 200 mujeres que fueron detenidas durante las protestas de 2021 en varias provincias de Cuba. A ella y su hermana las condenaron a ocho años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado.