La lista de prisioneros políticos de Cuba se mantuvo en marzo en 1.066, tras el ingreso en la cárcel de ocho nuevos casos y la salida de similar cantidad por “cumplimiento íntegro de la sanción impuesta”, revela el más reciente informe de Prisoners Defenders.
“Siguen en nuestra lista 33 menores, de los que 29 ya cumplen sentencia, 17 de ellos por sedición. En total, son 204 los acusados por sedición, y más de 100 los civiles condenados por tribunales militares por manifestarse el 11J”, denunció Javier Larrondo, presidente de la organización.
En marzo, cuatro nuevas mujeres ingresaron en la lista, y ya suman 120 las encarceladas. Aparte del dato de presos políticos, Prisoners Defenders también reconoce a miles de personas condenadas por “peligrosidad social predelictiva”.
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Javier Larrondo presenta informe mensual de Prisoners Defenders
“Si el régimen indica a las legaciones diplomáticas que ha eliminado la predelictiva de su Código Penal, ¿por qué no libera a los más de 11.000 condenados por esta —ya supuestamente inexistente— sanción?”, se pregunta la organización internacional.
En opinión de Larrondo, “la razón es sencilla, pues la predelictiva se mantiene en las medidas de control de la población, aplicándose gracias a los artículos 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal”.
⚠️Atención!: 1066 prisioneros políticos en #Cuba*:➡️Presos y familias torturados➡️Violaciones de proceso penal➡️33 niños y 120 mujeres➡️Familiares vigilados, amenazados, detenidos➡️11000 condenados por predelictiva no han sido liberados*Marzo 2023https://t.co/DBnoii2jeZ pic.twitter.com/Z0l7lQrsmZ
— Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) April 13, 2023
El informe de Prisoners Defenders también denuncia las torturas, hostigamientos, amenazas y vigilancia que sufren las familias de los detenidos, “por el mero hecho de defender su inocencia y liberación”.
La organización dijo haber enviado diez informes sobre el tema al Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas. Cuba será evaluada en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, cuyas sesiones están previstas para noviembre.
Entre los informes se ha incluido la denuncia hecha pública el pasado 2 de marzo, junto a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, donde se demuestra “con rigor jurídico la violación sistemática de derechos en todos los casos de prisión política en Cuba”.