Luego de un mes y cinco días incomunicado, el preso político Maikel Puig Bergolla continúa expuesto a malos tratos en la prisión de Quivicán, en la provincia de Mayabeque, por denunciar lo que ocurre allí dentro y participar en una protesta contra el régimen junto a otros reclusos, de acuerdo con declaraciones de su esposa Saily Núñez Pérez a Martí Noticias.
Núñez contó que este lunes visitó a Puig Bergolla en el centro penitenciario donde cumple una sentencia de 12 de años de privación de libertad por salir a la calle a manifestarse el 11 de julio de 2021, y allí recibió “una atención diferenciada”. La visita no ocurrió en el sitio usual en el que se reúnen las familias, sino en una oficina apartada hacia la cual la condujeron oficiales.
“Ya desde el momento en que Maikel ve que está siendo llevado a otro lugar que no es el mismo del resto de los reos, se siente demasiado incómodo. ¿Por qué estas diferencias con nosotros? Sabemos de sobra que esas visitas (en la oficina) son grabadas. ¿Qué otro objetivo pueden cumplir separándonos del resto?”
Anteriormente, su esposo sólo había sido conducido a una oficina para recibir la visita familia justo después de haber sido trasladado desde la prisión de Agüica, en Matanzas, donde llevaba casi un año recluido, hacia la de Quivicán, a comienzos de marzo de este año.
En ninguno de las dos ocasiones hubo presencia de oficiales dentro de la oficina, pero afuera sí. “Nos dejaron solos, pero afuera había personal del DTI, Seguridad del Estado y varios guardias de la prisión, como el mismo agresor Yulieski Menéndez Montero”, precisó.
Núñez explicó que las medidas represivas contra su esposo en la cárcel de Quivicán comenzaron tan pronto arribó a la misma, aunque hay momentos de mayor tensión, como lo ha sido este último mes, por haber denunciado abusos dentro del recinto a través de ella.
Cuando llegó el día de la visita esta semana, Puig Bergolla llevaba más de un mes sin acceder a llamadas, porque le habían impuesto la condición de realizar las llamadas bajo vigilancia y él se negó.
Además, el pasado 17 de junio, el preso político protagonizó una protesta dentro de la cárcel junto con otros reos, en la cual exigieron libertad y gritaron “Patria y Vida”, que fue una de las consignas que identificaron el estallido social de julio de 2021.
Ese mismo día, contó Núñez, Yulieski Menéndez Montero, un oficial que ha sido identificado por varios familiares de presos políticos como el segundo jefe del centro penitenciario de Quivicán, agredió físicamente a su esposo mediante un empujón. Y, en respuesta, Puig Bergolla lo denunció ante Fiscalía.
Menéndez Montero también ha sido acusado de agresión por parte de otros familiares de reclusos. Una de las acusaciones más graves en su contra ha sido la de provocar la muerte del joven Kevin Carlo Morales, de 25 años, por una golpiza.
Sin embargo, el régimen no ofreció ninguna declaración sobre ese caso, ni permite a organizaciones defensoras de derechos humanos, o a la prensa independiente o extranjera, acceder a los centros penitenciarios.
En su más reciente informe periódico al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, examinado en 2022, el régimen cubano informó que, como promedio, en las cárceles de la isla, o bajo custodia policial, cada año morían 100 personas; debido, principalmente, a enfermedades cardiovasculares.
Sólo ocho casos de muertes habrían sido sometidos a investigación, entre 2016 y 2019, como resultado de quejas que llegaron a la Fiscalía Militar, y como resultado, en tres de los mismos se habrían detectado quebrantamientos de las normas y aplicado medidas disciplinarias a tres funcionarios.