¿Qué otras personas tendrán restricciones para viajar según la nueva ley migratoria cubana?
Según la nueva ley migratoria cubana no podrán obtener el pasaporte todos aquellos que se encuentren sujetos a un proceso penal o que hayan sido sancionados por un tribunal cubano, en relación con el que tengan pendiente el cumplimiento de una sentencia o una medida de seguridad.
Tampoco podrán obtenerlo los que mantengan deudas con el estado cubano o responsabilidad civil, sin que la propia ley explique de qué se trata este particular. Dejando al libre albedrío del estado la decisión de cuando corresponde aplicar la prohibición.
La restricción es aplicable también cuando razones de defensa y seguridad nacional lo aconsejen, otro precepto ambiguo que otorga amplia capacidad al gobierno para decidir a su favor a quien restringir y reprimir.
Tampoco podrán obtener su pasaporte los que estén incluidos en la categoría de fuerza laboral calificada para el desarrollo económico, social y científico técnico del país, o los que pongan en peligro la seguridad y protección de la información oficial.
Esta restricción aplica tanto para los profesionales como para los dirigentes y cuadros de mando del país.
La ley también tiene un acápite de los legalmente conocidos como “sacos” porque permite aplicarlo contra cualquier persona sin necesidad de justificar explícitamente en que se fundamenta la decisión de restringir su derecho a viajar.
El acápite en cuestión establece que se prohibirá obtener el pasaporte a cualquier persona cuando por razones de interés público lo determinen las autoridades facultadas.
Leyendo estas prohibiciones resulta evidente que a pesar de ciertos cambios en la política migratoria, el estado mantiene el control y la decisión de determinar quién puede viajar en Cuba.
Pero las autoridades legales cubanas han logrado desarrollar un lenguaje ambiguo que por momentos esconde la esencia represiva de la norma migratoria cubana.
Lo ambiguo de la ley permite también al gobierno rectificar conductas represivas y reconocer los derechos de los ciudadanos cubanos a viajar libremente cuando las presiones nacionales e internacionales le obliguen a ello.
Por eso es fundamental no renunciar a reclamar los derechos ciudadanos que le asisten a todo cubano y los derechos humanos que se le deben respetar a toda persona.
Según la nueva ley migratoria cubana no podrán obtener el pasaporte todos aquellos que se encuentren sujetos a un proceso penal o que hayan sido sancionados por un tribunal cubano, en relación con el que tengan pendiente el cumplimiento de una sentencia o una medida de seguridad.
Tampoco podrán obtenerlo los que mantengan deudas con el estado cubano o responsabilidad civil, sin que la propia ley explique de qué se trata este particular. Dejando al libre albedrío del estado la decisión de cuando corresponde aplicar la prohibición.
La restricción es aplicable también cuando razones de defensa y seguridad nacional lo aconsejen, otro precepto ambiguo que otorga amplia capacidad al gobierno para decidir a su favor a quien restringir y reprimir.
Tampoco podrán obtener su pasaporte los que estén incluidos en la categoría de fuerza laboral calificada para el desarrollo económico, social y científico técnico del país, o los que pongan en peligro la seguridad y protección de la información oficial.
Esta restricción aplica tanto para los profesionales como para los dirigentes y cuadros de mando del país.
La ley también tiene un acápite de los legalmente conocidos como “sacos” porque permite aplicarlo contra cualquier persona sin necesidad de justificar explícitamente en que se fundamenta la decisión de restringir su derecho a viajar.
El acápite en cuestión establece que se prohibirá obtener el pasaporte a cualquier persona cuando por razones de interés público lo determinen las autoridades facultadas.
Leyendo estas prohibiciones resulta evidente que a pesar de ciertos cambios en la política migratoria, el estado mantiene el control y la decisión de determinar quién puede viajar en Cuba.
Pero las autoridades legales cubanas han logrado desarrollar un lenguaje ambiguo que por momentos esconde la esencia represiva de la norma migratoria cubana.
Lo ambiguo de la ley permite también al gobierno rectificar conductas represivas y reconocer los derechos de los ciudadanos cubanos a viajar libremente cuando las presiones nacionales e internacionales le obliguen a ello.
Por eso es fundamental no renunciar a reclamar los derechos ciudadanos que le asisten a todo cubano y los derechos humanos que se le deben respetar a toda persona.