Mantiene su huelga de hambre el opositor y manifestante del 11J, Carlos Michael Morales Rodríguez

Carlos Michael Morales Rodríguez, preso político del 11J recluido en Guamajal, Villa Clara.

El preso político está ingresado en el centro médico de la cárcel de Guamajal ubicada en la provincia Villa Clara, donde ha rechazado las presiones para abandonar el activismo.

El preso político Carlos Michael Morales Rodríguez continuaba este domingo ingresado en el centro médico de la cárcel de Guamajal ubicada en la provincia Villa Clara, informó a Martí Noticias su hermana Mabel Morales:

“Ellos me dicen que se mantiene en la huelga, pero hoy me manda a hablar con el médico para que me explicara mejor pero nunca pude tener esa conversación porque no es tan fácil ahí que atiendan el teléfono”.

La información fue confirmada por un guardia que custodia el lugar, que agregó que “al recluso” se le administran sueros y que se encuentra “bien”.

Morales Rodríguez, que había sido liberado en marzo tras extinguir una condena de dos años y 10 meses por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarién, Villa Clara, fue detenido nuevamente el pasado 4 de mayo y lleva dos meses encarcelado sin tener aún fecha para juicio.

Está acusado de desacato por increpar a oficiales de la Seguridad del Estado en las redes sociales, y de desobediencia, por no asistir a dos citaciones policiales.

El mismo día en que fuera arrestado, Morales Rodríguez comenzó su primera huelga de hambre que depuso el 22 de mayo en espera de la respuesta al Habeas Corpus presentado por su abogada. Cuando el régimen denegó el Habeas Corpus, reanudó la huelga de hambre, el 19 de junio, en un esfuerzo por recuperar su libertad.

En una carta escrita luego de cesar su primera huelga, el preso político relató que el 8 de mayo, el jefe de instrucción y enfrentamiento contra la disidencia en la provincia de Villa Clara le ofreció la libertad a cambio de grabar un video en el que renunciara a sus vínculos con la oposición pacífica interna, el exilio, y a su labor como periodista independiente.

La respuesta de Morales Rodríguez fue clara: la negativa a las exigencias que se le hacían para que recuperara su libertad. El 17 de mayo, el instructor del caso, Ariel Hernández Avellanes, le reiteró el ultimátum: renunciar a su activismo o enfrentar un año de trabajo forzado. “Pueden condenarme a pena de muerte”, fue la respuesta del opositor.