Las organizaciones Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo-Cubano condenaron las actividades de las empresas españolas Meliá e Iberostar en la isla por “violar los derechos de los empleados” y “financiar a la dictadura”.
“Meliá e Iberostar deben cumplir en Cuba con las políticas de responsabilidad social corporativa y con los códigos éticos obligatorios para las empresas europeas. Están asimismo obligadas a respetar los derechos de los trabajadores, a que sus salarios sean dignos”, explicó el abogado Julio Rodríguez Pellitero.
En denuncias enviadas a las compañías, con copia a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE, patronal), ambos grupos de exiliados cuestionan que las hoteleras hayan optado por “asociar su marca y su prestigio, al descrédito del gobierno cubano, criminal y mafioso”.
Recuerdan que sus empleados cubanos “no tienen libertad sindical” y “se les niega el derecho a la negociación colectiva y a la huelga”; además de sufrir “discriminación por motivos ideológicos, políticos o de conciencia” en el “acceso a los puestos de trabajo”.
“Estas empresas pueden y deben ser sancionadas por una actividad que incumple la normativa internacional. En la carta se les invita a adoptar medidas de rectificación de las actuaciones y negocios de hoteleros en Cuba, o de lo contrario, abandonar el país”, añadió Rodríguez Pellitero.
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Reportaje de Michel Suárez
En el caso de la isla, según Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo-Cubano, debería implementarse el modelo de los “Principios Globales Sullivan”, aplicado por hombres de negocios y empresas del mundo para desarticular el régimen del apartheid en Sudáfrica.
Los exiliados exigen a Meliá e Iberostar suspender cualquier actividad “en conjunto” con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, demandar la liberación de sus trabajadores detenidos, negarse a mantener relaciones con entidades o dirigentes “implicados en la represión de las protestas pacíficas” y no realizar “transacciones financieras que puedan ser utilizadas para la violación de los derechos humanos”, entre otras peticiones.
Meliá e Iberostar intensificaron su actividad en Cuba en noviembre pasado, tras la reapertura de las fronteras. Ambas compañías se enfrentan actualmente a procesos judiciales en Estados Unidos, bajo el capítulo III de la Ley Helms-Burton.