El Movimiento San Isidro llamó la atención sobre el caso de Rowland de Jesús Castillo, de 17 años, detenido por salir a protestar pacíficamente el 11 de julio y a quien le han negado el cambio de medida cautelar, a pesar de ser menor de edad y padre de un bebé de un año.
El joven fue arrestado luego de que participara en la marcha que, desde Mantilla, llegó a la esquina de Toyo, en 10 de Octubre, La Habana, el pasado 11 de julio y permanece detenido en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), conocido como 100 y Aldabó, en la capital cubana, acusado de “alteración del orden público, “atentado” y “daños”.
Las condiciones en las que se encuentra el joven en prisión son inhumanas, según denunció su madre, Yudinela Castro Pérez.
En su publicación, el grupo opositor criticó las declaraciones del gobierno cubano que aseguran que los menores de edad están siendo atendidos por un equipo multidisciplinar, lo cual es falso al compararlo con el caso de Jesús Castillo, quien se encuentra en la prisión de menores del Guatao.
"El mundo paralelo de las autoridades del país hablan de "algunos excesos", vean ustedes cómo le van a llamar a esto", se lee en el post.
El MSI señaló que la familia del joven no puede más con la situación y pidió. "Libertad para Rowland y para todos".
"Cuba no puede más con esta situación", alertó el grupo.
“Lo cogieron el día 16 de julio, por la Avenida 10 de Octubre, saliendo de la casa de un amiguito. La patrulla los detuvo a los dos, los esposaron y los condujeron a la unidad policial de Aguilera. El político de la unidad me dijo que lo habían cogido porque aparece en los videos que tomó la gente y subieron a las redes sociales, y también en los que tiene la policía, porque tiraron drones para filmar a los manifestantes”, indicó su madre, Yudinela Castro Pérez, a Radio Televisión Martí.
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Castillo Castro está involucrado, según dijo el instructor policial a la madre, en el volcamiento de un patrullero cerca de la esquina de Toyo.
“El niño confesó que él había estado presente cuando viraron la patrulla. Su abogado me lo corroboró después que se entrevistó con él”, dijo la mujer.
“Me dieron una visita de 10 minutos y la interrumpieron porque Rowland me contó que, en la estación de policía de Aguilera, el oficial Laffita le había caído a golpes”, relató Castro Pérez, y agregó que desde entonces no ha podido ver, ni hablar, con su hijo.