Militares toman Mérida para levantar barricadas

  • Agencias

Miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Venezuela.

Unos 1.500 policías y guardias nacionales fueron enviados la víspera a Mérida para derribar todas las barricadas, indicó Carlos García, el alcalde de la ciudad.
Varios centenares de policías y guardias nacionales tomaron el viernes la ciudad suroccidental de Mérida para levantar las decenas de barricadas colocadas desde hace dos meses en algunas de las vías en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Unos 1.500 policías y guardias nacionales fueron enviados la víspera a Mérida, unos 600 kilómetros al suroeste de Caracas, para derribar todas las barricadas, indicó Carlos García, el alcalde de la ciudad.

García, de la oposición, explicó que centenares de policías y militares tomaron desde la tarde del jueves el centro de Mérida con la ayuda de tanquetas, camiones y maquinarias de construcción.

"Hay una tensa calma por la presencia exagerada de funcionarios y tantas tanquetas tienen a la gente un poco preocupada", dijo el alcalde a The Associated Press en entrevista telefónica.

En Mérida, donde habitan unas 320.000 personas, se vienen registrando desde febrero protestas callejeras contra el gobierno de Maduro.

En tanto en Caracas, varias decenas de universitarios y opositores realizaron una concentración en una plaza del oeste de la capital para protestar contra la crisis que enfrenta el sector de la salud por la falta de insumos médicos importados.

Bajo la consigna "no quiero balas, ni represión, yo lo que quiero es salud para mi nación", decenas de manifestantes se concentraron en la pequeña plaza de Las Tres Gracias para exigir al gobierno que entregue insumos a los hospitales públicos y clínicas privadas que han denunciado que enfrentan una severa crisis por la falta de material y que esa situación podría poner en riesgo la vida de sus pacientes.

A 72 días de haberse iniciado en el país las protestas callejeras, y en medio del proceso de diálogo que lleva adelante el Ejecutivo con la coalición opositora, el consejero de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Francisco Márquez, aseguró que los estudiantes aún tienen razones para mantenerse en las calles.

"La protesta tiene que seguir porque el régimen no ha entendido que nosotros... estamos buscando recuperar la democracia de Venezuela y reconciliar al país y eso se hace en la calle con la gente", dijo Márquez a AP en entrevista telefónica.

En relación con la sentencia que emitió el jueves el Tribunal Supremo de Justicia que establece que todas las manifestaciones deben tener permiso, el dirigente consideró la medida "absolutamente denigrante" y violatoria de la constitución.

"Mientras exista este caos y problemas sin respuesta el pueblo seguirá en las calles protestando", dijo el viernes el líder opositor y gobernador central de Miranda, Henrique Capriles, en su cuenta de Twitter. Agregó que "todos los venezolanos incluso con esa sentencia... tienen derecho a la protesta pacífica que establece la constitución".

Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación -que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%-, el desabastecimiento de bienes básicos y un alto índice de delincuencia.

Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 674 heridos y unos 2.285 detenidos, de los cuales 175 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.

El gobierno y la oposición sostuvieron la víspera un tercer encuentro como parte del proceso de acercamiento que iniciaron el 10 de abril para tratar de lograr una salida pacífica a la crisis política y económica que atraviesa el país.

"El diálogo es un camino difícil e indispensable", afirmó Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, al defender el proceso que llevan adelante junto con el gobierno.

Aveledo dijo a la prensa, al final del tercer encuentro, que las partes coincidieron en la necesidad de avanzar más rápidamente en el proceso y acordaron crear equipos de trabajo que se encargarán de la Comisión de la Verdad, que investigará los eventos de los últimos dos meses. El dirigente dijo que a pesar de que el gobierno ya rechazó la ley de amnistía para los presos políticos propuesta por la oposición, seguirán insistiendo en ese asunto.