A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos:
"Condenamos enérgicamente la ejecución de Reza Rasaei por parte del régimen iraní y su intento de distraer al mundo de sus continuos abusos contra los derechos humanos", escribió la Oficina del Enviado Especial de Estados Unidos para Irán en la plataforma de redes sociales X.
Reza Rasaei, de 34 años, pertenecía a las comunidades kurda y yarsan, en Irán.
Fue detenido en la provincia de Kermanshah durante las protestas antigubernamentales de 2022. Esas protestas fueron parte del movimiento Mujer, Vida, Libertad que se extendió por el país después de la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven kurda iraní detenida por violar la ley iraní de hiyab obligatorio.
Según los informes, unas 18.000 personas fueron detenidas durante las protestas posteriores; cientos más fueron asesinados. Rasaei fue acusado de participar en el asesinato de un miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, y en octubre de 2023 fue condenado a muerte.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos afirman que el juicio de Rasaie fue manifiestamente injusto y que fue sometido a torturas y abusos.
Rasaie fue ejecutado el 6 de agosto, lo que elevó a 10 el número de personas ejecutadas por presuntos delitos durante las protestas de Mujer, Vida, Libertad.
Su ejecución tuvo lugar un día después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicara un informe de la Misión Independiente de Investigación sobre Irán. Según la Misión, la represión del gobierno iraní contra los manifestantes desde 2022 ha afectado de manera desproporcionada a las minorías étnicas y religiosas de Irán, en particular a las minorías kurdas y baluchis.
El informe señaló que el despliegue de fuerzas de seguridad, antes de las protestas, en las provincias fronterizas de Irán, habitadas predominantemente por minorías étnicas y religiosas, "creó un entorno permisivo para que el Estado reprimiera las protestas de septiembre de 2022, incluso mediante el lanzamiento de una respuesta militarizada casi inmediatamente después de que comenzara el movimiento".
El informe decía: "Las violaciones de ... los derechos de los miembros de las minorías se ampliaron en el contexto de las protestas de septiembre de 2022, y la Misión concluyó que algunos de ellos constituían crímenes de lesa humanidad". En el informe se deplora la falta de rendición de cuentas por estos crímenes.
Reza Rasaei es la víctima conocida más reciente de estos atropellos y el último miembro de las comunidades minoritarias de Irán en ser ejecutado tras ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión y asociación.
Como escribió la Oficina del Enviado Especial para Irán: "Es deplorable que Teherán siga utilizando la pena de muerte contra los manifestantes de Mujer, Vida y Libertad, tras juicios falsos y confesiones forzadas. Seguimos comprometidos a hacer que el régimen iraní rinda cuentas por sus serios abusos contra los derechos humanos."