El Observatorio Legislativo de Cuba resaltó en su informe correspondiente a julio y agosto del 2024, que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) intensificó la aprobación de leyes que restringen el ejercicio de los derechos humanos y aumentan el control sobre órganos del Estado y gobiernos locales, así como el sector privado de la economía.
"Las leyes aprobadas en el bimestre tienen como común denominador que no son leyes que expandan el ejercicio de los derechos humanos sino, todo lo contrario, son leyes de naturaleza restrictiva”, dijo a Martí Noticias el abogado cubano Raudiel Peña Barrios, coordinador del Programa de DemoAmlat, con sede en Buenos Aires.
Destaca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, que, de acuerdo al Observatorio Legislativo, instituye una marginación de las solicitudes de información pública que realicen periodistas o medios de prensa, pauta un concepto restrictivo de información pública, excluye de la obligatoriedad de proporcionar información a órganos clave del Estado como la propia Asamblea y el Consejo de Estado y potencia el control centralizado del Ministerio del Interior (MININT), entre otras limitaciones.
También fue aprobada, en el bimestre, la Ley de Ciudadanía que faculta al presidente para despojar de la ciudadanía por decreto a cualquier ciudadano que realice "actos contrarios" a los "intereses políticos" del país.
Los parlamentarios cubanos dieron luz verde a la Ley de Extranjería, que regula a los residentes foráneos en la Isla y a la ley de Migración que permite a las autoridades prohibir la entrada en Cuba a personas relacionadas con "acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano".
Además, permite la prohibición de salida del país a personas por "razones de defensa y seguridad nacional", por "interés pública", por ser considerado "fuerza de trabajo calificada", y para "garantizar la seguridad y protección de la información oficial".
El Observatorio Legislativo de Cuba recordó que el Consejo de Estado aprobó en el período seis decretos leyes que tienen como denominador común “la imposición de nuevos impuestos, requisitos burocráticos complicados y restricciones a las actividades de las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agrícolas y los trabajadores por cuenta propia”.
La organización indicó en ese sentido que se impide al sector privado de Cuba realizar determinadas actividades, y así aumentar el control estatal.