Más de 300 personas han firmado una carta abierta dirigida a Miguel Díaz-Canel en la que se exige al gobernante cubano que libere a todos los presos políticos.
La misiva recuerda al mandatario que cientos de personas están encarceladas “en regímenes penitenciarios del país por sus diferentes formas de pensamiento contrario a las doctrinas político-ideológicas existentes” que se han convertido “en un freno de las fuerzas productivas” y provocado “una economía en total deterioro”.
Todas estas políticas públicas han conllevado la “apatía de la población, la división de las familias, un éxodo masivo de sus habitantes y la pérdida de las libertades ciudadanas”.
“Se entregó, personalmente, en el Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución, la Fiscalía General de la República y en la Asamblea del Poder Popular que son las tres instancias que creemos, son las que tienen que ver, directamente, con esto”, indicó, en conversación con Martí Noticias, el principal impulsor de la iniciativa, el activista Juan del Pilar Goberna.
Acuse de recibo entregado al activista en el Consejo de Estado y de Ministros
“Espero se nos puedan unir muchas más personas, es un gesto cívico. Creo que es lo más noble que podemos hacer porque quien calla, otorga y es un derecho que tenemos los ciudadanos rechazar lo que nos parece indebido e indigno. Ahora, la respuesta que pueda dar el Gobierno, no la sabemos, pero la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos hay que hacerla”, recalcó el opositor.
Los firmantes del mensaje a Díaz-Canel señalan que "se crean normativas jurídicas que legalizan la vulneración y castigo a los derechos y deberes ciudadanos. El pasado ha sido controlado, manipulado y borrado, el presente es controlado y tergiversado y el futuro tiene el control con un diseño incierto, donde no se vislumbra que los derechos humanos sean esenciales en una cultura democrática”.
“Por tal motivo, reclamamos ante el Partido Comunista de Cuba, la Asamblea del Poder Popular (Parlamento) y la Fiscalía General de la República, la libertad sin destierro de todos los presos políticos que se han manifestado”, apuntan.
Destacan la situación del preso político José Daniel Ferrer García, confinado en la prisión Mar Verde, Santiago de Cuba, que está en una celda de castigo “bajo constantes agresiones físicas, verbales y psicológicas”.
Los signatarios de la carta también alertan sobre los adultos mayores recluidos y las madres con hijos menores de edad o adolescentes cumpliendo “injustas condenas”.
"Son condenas abusivas", subrayó el también coordinador de la Red de Cultura Inclusiva, una organización independiente que aboga por los derechos de los cubanos con discapacidad:
“Nosotros nos hemos acercado a familiares de presos políticos con discapacidad y le hemos asegurado nuestro apoyo. Pensamos que muchas de esas personas que padecen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales sufren el doble que los que están bien. Además, las cárceles cubanas no están preparadas para auxiliar a estas personas”.
La carta denuncia, las violaciones de derechos humanos que comete el personal penitenciario contra los reos, incluyendo a los que presentan cualquier discapacidad, los “maltratos y golpizas”, los “castigos en celdas de aislamiento”, la “desatención a su salud” la “falta de medicamentos para el control de sus enfermedades y la precaria alimentación” que prevalecen en los penales de todo el país.
El grupo Justicia 11J ha confirmado que 17 presos políticos padecen algún tipo de discapacidad incompatible con las condiciones carcelarias.
Solo en relación con el estallido social del 11 de julio de 2021, la cifra de personas con vulnerabilidad asciende a 200 diagnosticados con enfermedades crónicas, con padecimientos psiquiátricos o con discapacidad, de acuerdo a Justicia 11J.
“Desconocer esta situación es cruel e inhumano. Es por ello que es necesario que todos los cubanos visibilicen la situación de las personas encarceladas por sus ideas y que han sido condenados a largos años de prisión, sin que sus sanciones hayan ocurrido por ataques a fortalezas militares, invasiones armadas o actos de terrorismo y sabotaje”, concluyen.