Nicaragua, el segundo país más pobre de América después de Haití, celebra este domingo elecciones generales en las que el presidente, Daniel Ortega, lidera las preferencias para un tercer mandato, con su esposa Rosario Murillo como candidata a vicepresidenta.
Desde la independencia en 1821, el país vivió etapas de inestabilidad por disputas del poder político que favorecieron la intervención extranjera. De 1926 a 1933 se dio una intervención de Estados Unidos, que motivó un alzamiento liderado por el líder popular Augusto César Sandino.
En 1936 se instaló la dictadura militar de la familia Somoza, derrocada en 1979 por una insurrección popular encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En 1990 se estableció un sistema de elecciones presidenciales y legislativas cada cinco años.
Es la economía más pequeña de Centroamérica pero también la de mayor crecimiento en la región, con tasas de 4% a 5% los últimos cinco años. Expertos estiman que necesita crecer al menos 8% anual para superar la pobreza, que cubre casi al 30% de 6,2 millones de habitantes. El desempleo afecta al 6,7% de la fuerza laboral y un 46% esta subempleado.
La agricultura es la principal actividad económica; el cultivo es el principal rubro de exportación y emplea a unas 300.000 personas en el campo.
La cooperación es la cuarta fuente de recursos externos, después de las exportaciones, remesas familiares e inversión extranjera.
El exguerrillero sandinista Daniel Ortega retornó al poder en 2006, del que fue desalojado en las elecciones de 1990 por una coalición de derecha. Se reeligió en 2011 frente a una oposición dividida y reformó la Constitución en 2014 para instaurar la reelección presidencial indefinida, lo que le permite buscar un tercer mandato sucesivo por el FSLN, con su esposa Rosario Murillo, como candidata a vicepresidenta.
La oposición, excluida de las elecciones por decisiones de los tribunales de justicia y elecciones, promueve un llamado a la abstención para después hacer nuevas elecciones.
Estados Unidos acusó al gobierno de imponer límites a la participación de opositores y llamó a realizar elecciones libres, justas y transparentes.
Un canal interoceánico que enlace al Caribe y el Pacífico, una idea presente desde principios del siglo XX, ha sido retomada por el gobierno de Ortega como la forma de impulsar el desarrollo y sacar al país de la pobreza.
En 2013, el gobierno otorgó a una empresa china la concesión para construir el canal, cuyo costo estimado es de 50.000 millones de dólares, casi cinco veces el valor del PIB, con una extensión de 276 km, tres veces más largo que el canal de Panamá.
La obra, dada en concesión a la empresa china HKND, ha suscitado numerosas protestas de pobladores que serían desalojados de sus tierras y ambientalistas que temen un daño ecológico al lago Cocibolca, la segunda fuente de agua dulce en América Latina, después del Titica, de Perú y Boliva.