A un año de la crisis Ortega ignora reclamo por muertos y detenidos

Manifestantes de la marcha "Unidos por la libertad" en Managua, Nicaragua, son reprimidos por policías antidisturbios el 14 de octubre de 2018.

Justo cuando se cumple un año de las protestas en Nicaragua, los presos políticos, los familiares de las víctimas mortales y grupos opositores recibieron un espaldarazo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un Comunicado de Prensa la CIDH reiteró su “compromiso permanente con las víctimas de las violaciones a derechos humanos en Nicaragua”.

La nota hace una relación exhaustiva de las violaciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega contra quienes iniciaron las protestas ese 18 de abril de 2018:

“La respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril resultó en la muerte de 325 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; y más de 2,000 heridos. Según cifras aportadas por la sociedad civil, 777 personas fueron detenidas y enjuiciadas, de las cuales, al menos 500 continúan privadas de libertad; 300 profesionales de la salud fueron despedidos; 144 estudiantes de la UNAN han sido expulsados; más de 70 periodistas y trabajadores de medios se vieron forzados al exilio. De acuerdo con ACNUR, alrededor de 62,000 personas nicaragüenses han huido a países vecinos, de las cuales unas 55,000 habrían buscado refugio en Costa Rica”.

En el inicio de las protestas, lideradas principalmente por estudiantes de todo el país, las exigencias contra Ortega iba en el rumbo de la condena a una reforma del régimen de seguridad social, pero inmediatamente derivó en un movimiento nacional antitotalitario.

A manera de un foro de preguntas y respuestas el enviado especial de la BBC en Managua, Arturo Wallace, abordó así el tema: “Muchas de las personas con las que he podido hablar durante las marchas y plantones antigubernamentales -incluyendo algunos que se identificaban como antiguos simpatizantes sandinistas- me han dicho que fue la muerte de tantos manifestantes desarmados lo que los sacó y los mantiene en las calles”.

En mayo de 2018 un diálogo entre el oficialismo y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que tenía como mediador a la Conferencia Episcopal nicaragüense, se vio interrumpido por la falta de consenso y porque la violencia contra los opositores no cesaba.

El pasado 5 de abril el gobierno de Nicaragua anunció la liberación de medio centenar de presos políticos, que permanecían en cárceles por manifestarse contra Ortega, informó la agencia EFE.

Este miércoles el gobierno volvió a hacer un anuncio de liberaciones, en este caso de 636 personas, a las que calificó de “presos comunes”, según un comunicado de prensa citado por la agencia Reuters.

Los liberados recibieron el beneficio de "régimen de convivencia en familia", que les permite cumplir su condena en su domicilio sin participar en actividades públicas.

Sin embargo en un comunicado aparte el gobierno dijo que “Se incluyó a 36 personas detenidas, de la lista presentada en la Mesa de Negociación por el Entendimiento y la Paz, que también aparecen en lista que la CIDH-OEA envió al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 19 de marzo 2019”.

Ante las discrepancias entre ambas partes –la oposición exige la liberación de los presos políticos y el canciller Denis Moncada ha hablado de una “ruta hacia un golpe de Estado”- un primer intento de Diálogo nacional fracasó en mayo de 2018.

La Alianza Cívica dijo esta semana que el gobierno continúa sin implementar los acuerdos firmados en la mesa de negociación, entre ellos la liberación de muchos más de los presos políticos.

Policías antidisturbios detienen a una manifestante contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

El grupo opositor agregó que “de los 636 liberados sólo 18 habían sido identificados como parte de la lista que presentó al Comité Internacional de la Cruz Roja”, citó Reuters.

Este 17 de abril en Miami, ante los combatientes de la Brigada 2506 el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció nuevas medidas contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sobre Nicaragua, Bolton dijo que Estados Unidos sancionará a Bancorp, el banco que alimenta al régimen de Ortega.

“Vamos tras los bolsillos de la familia Ortega, quienes continúan viviendo de la miseria del pueblo nicaragüense”, señaló.

Añadió que las sanciones incluyen a Laureano Ortega, “preparado como un sucesor por el régimen y se ha involucrado en una gran corrupción bajo el disfraz de la principal agencia de inversión de Nicaragua”.

Bolton subrayó que estas sanciones anunciadas hoy son solo el comienzo. “Mientras los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua defiendan la libertad, Estados Unidos los apoyarán”.

La Comisión Interamericana exhortó finalmente a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, recordó que “la Comisión Interamericana está en la disposición para regresar al país y colaborar técnicamente con las autoridades en materia de derechos humanos. Para la CIDH siempre será prioritario estar en terreno al lado de las víctimas”.

[Redactado por Luis Felipe Rojas a partir de informaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agencias Reuters, EFE y BBC]