El Gobierno dictó nuevas normas para la importación y exportación de productos por parte de las empresas privadas en Cuba como parte de una política que pretende "corregir distorsiones" en la economía, que atraviesa su peor crisis en décadas.
Entre las reglas anunciadas está la imposición del uso de la Moneda Libremente Convertible (MLC) en las transacciones y un mayor control por parte de las empresas estatales autorizadas a los negocios privados.
A partir de ahora el precio de venta de las exportaciones será pactado por las empresas estatales autorizadas con el cliente externo y estas acordarán con los privados un precio luego de descontar los gastos en que incurran.
"Las empresas estatales evidentemente se van a empoderar", dijo a Martí Noticias el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita que señaló cómo el hecho de que las entidades del Gobierno sean las responsables de pactar "el precio de exportación e importación de los productos" constituye una amenaza para el sector privado.
El documento, publicado en la Gaceta Oficial, resdujo hasta 48 las empresas estatales autorizadas, que desde la aprobación del reglamento previo había venido creciendo hasta superar las 70.
Para el economista Miguel Alejandro Hayes "el rol proactivo en las operaciones de comercio exterior se desplaza por completo. El sector privado queda como un financista porque toda la libertad operativa recae en manos del Estado. La operación la hacen ellos y el privado la financia".
Anteriormente los empresarios privados recibían el 20% de sus ingresos por exportaciones en CUC y el 80% restante se transfería a sus cuentas en MLC.
"La normativa anterior dejaba a las empresas estatales autorizadas como un mero tramitador, en la práctica el sector privado buscaba la contraparte externa (comprador o proveedor) y hacía todas las operaciones. La empresa estatal se dedicaba a generar las autorizaciones y cobrar por ello. Desde el punto de vista operativo, el sujeto real de toda la operación de comercio exterior era el sector privado y la empresa estatal parasitaba dicha operación", explicó Hayes.
"Ahora hay un cambio significativo porque esta nueva norma propicia que el actor de comercio exterior sea la empresa estatal, que decidirá quién es el proveedor, negociará los precios, las cantidades, o sea que queda a cargo de toda la operación comercial en términos de procesos de toma de decisiones", aclaró.
En el caso de la importación de vehículos de motor, remolques, semirremolques, carrocerías, cabinas, chasis y cuadros de motos los privados también deberán tramitar sus solicitudes con las entidades estatales autorizadas.
El nuevo reglamento forma parte de un proceso de “actualización” a la política económica que fue anunciado en el más reciente período de sesiones del Parlamento. La mayor parte de las medidas fueron incluidas en un grupo de 19 normas publicadas en la Gaceta Oficial en agosto pasado que, según las autoridades, buscan regular el funcionamiento del sector privado.
Hayes considera que la legislación está concebida para que "la actividad de comercio exterior continúe siendo un monopolio del Estado".
"Esto no va a hacer que importar deje de ser un negocio rentable pero si puede consolidar la salida de algunos actores y potenciar la de quienes tengan algún tipo de relación cercana con los directivos de estas empresas estatales autorizadas. Todo ello es destructivo para el desarrollo del país porque subordina la política de importación a los interesses de empresas estatales y da espacio a que se generen esquemas de corrupción", apuntó.