El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes una resolución para establecer una comisión de investigación independiente e internacional sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela, a solicitud del Grupo de Lima.
La propuesta de resolución, patrocinada por países como Colombia, Perú, Brasil y Argentina, fue aprobada con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay.
La comisión "investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014" ocurridos en Venezuela, y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
El texto "condena enérgicamente la extendida represión y persecución política en Venezuela", recordando que el informe presentado este año ante el mismo Consejo por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.
Lee también UE sanciona a otros 7 agentes de seguridad e inteligencia de VenezuelaLa resolución, que contó con el voto a favor de España y otros miembros de la Unión Europea miembros actualmente del Consejo de Derechos Humanos, urge también a las autoridades venezolanas a liberar inmediatamente a todos los presos políticos.
En el debate previo a la votación, representantes del Grupo de Lima defendieron que "Venezuela debe someterse al escrutinio internacional a través de un mecanismo de rendición de cuentas", como la comisión aprobada hoy, ya que "el drama venezolano no puede seguir aumentando".
Por su parte, el embajador venezolano en Ginebra, Jorge Valero, tachó de la resolución de "una hostil iniciativa que vulnera los principios de respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estado".
"Es una muestra palpable de lo que significan la manipulación y el uso politizado de este consejo y sus mecanismos", señaló, adelantando que la formación de la comisión investigadora y otras medidas estipuladas por la resolución "no contarán con el consentimiento" del gobierno de Maduro.