La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas votó este miércoles a favor de poner fin al embargo económico que Estados Unidos impone al país caribeño desde 1962.
La votación, que viene haciéndose anualmente desde hace 32 años, recibió en esta ocasión 187 votos a favor, 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel, y una abstención, la de la República de Moldova.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, que habló ante la Asamblea antes de la votación, dijo que las sanciones “advierten al mundo entero que toda nación que se atreva a defender con firmeza su soberanía y construir su propio futuro pagará un precio por su rebeldía”.
Rodríguez Parrilla habló de la crisis energética en la isla y responsabilizó a Estados Unidos por la misma, diciendo que la falta de combustible para el sistema eléctrico y el estado precario del mismo son “consecuencias directas de las medidas extremas de guerra económica aplicadas por el gobierno estadounidense desde 2019”.
Lee también EEUU refuta acusaciones de Díaz-Canel sobre causas de crisis energética y apunta a su mala gestiónAsimismo dijo que los daños por 5 meses de bloqueo equivalen al total de las importaciones cubanas anuales de combustible, que promedian unos 2000 millones de dólares.
“Se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado una política de máxima presión violatoria del derecho internacional dirigida a privar a Cuba de los suministros de combustible de terceros países mediante sanciones e intimidación contra productores y proveedores, transportistas y aseguradores”, declaró.
El funcionario criticó las declaraciones que ha hecho el gobierno estadounidense sobre las disposiciones legales que datan del año 2000, que permiten excepciones para que se exporten alimentos mediante licencias, diciendo que “se trata de ventas en una sola dirección y sujetas a limitaciones extraordinarias”.
El ministro de Exteriores expresó que el embargo se “complementa con una maquinaria" de "desinformación sistemática" que busca fomentar un "cambio de régimen, dominación política, colapso económico y explosión social”.
El canciller además reprochó la inclusión de Cuba en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo diciendo que el listado “no tiene legitimidad alguna” y calificándola de “coerción política por medio de acciones económicas de castigo y amenaza”.
Después de la votación habló el representante de Estados Unidos, el Embajador Paul Folmsbee, asesor principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien reiteró el compromiso de Estados Unidos con el pueblo cubano.
“Apoyamos firmemente su lucha por un futuro con respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, expresó.
El Embajador señaló que aproximadamente 1000 presos políticos detenidos injustamente permanecen tras las rejas en Cuba, “más que en cualquier otro momento de la historia reciente de Cuba” y que casi 700 de esas detenciones están relacionadas con las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
“Estas personas han languidecido en condiciones horribles en las cárceles cubanas por ejercer su libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica para exigir mejores condiciones de vida a su gobierno”, argumentó el diplomático estadounidense.
Folmsbee declaró que las sanciones “son un elemento de nuestro esfuerzo más amplio por promover la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba” y que “por lo tanto EEUU se opuso a la resolución”.
“En 2023, Estados Unidos exportó casi 336 millones de dólares en productos agrícolas y autorizó otros 100.000 millones de dólares en exportaciones humanitarias, lo que demuestra el deseo de Estados Unidos de ayudar al pueblo cubano. Alentamos a este órgano a que inste al Gobierno cubano a que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y escuche al pueblo cubano y sus aspiraciones de determinar su propio futuro”, dijo el estadounidense.
El embajador añadió que a pesar de la membresía de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno cubano ha demorado la respuesta a varias solicitudes de los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que envíen expertos independientes a Cuba, que ayudarían a promover el respeto por los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, la libertad de religión o creencias.
Algunas de estas solicitudes han permanecido pendientes durante más de 10 años.