ONU renueva mandato de misión que documenta crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas extendió por dos años más el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU (ACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) para continuar la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país suramericano.

La resolución, impulsada por Argentina, Chile y 50 copatrocinadores, se aprobó con 23 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Cuba, Vietnam y China están entre los países que se opusieron. Brasil, en cambio, se abstuvo.

Los gobiernos que aprobaron buscan continuar la labor investigativa de la FFM sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, entre otras, “con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”, informó la Voz de América.

La FFM fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de DDHH de la ONU por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones cometidas desde 2014. Tras terminar su primera etapa de labor, fue renovada en octubre de 2022 con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones. Esta sería su segunda extensión de mandato.

En sus informes, la FFM ha concluido que individuos de alta jerarquía han cometido “crímenes de lesa humanidad” y ha señalado al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión, que se agudizaron luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, según su actualización más reciente.

Al menos 27 personas murieron y más de 2.200, - entre ellas menores de edad y discapacitados-, fueron detenidos en el contexto de las protestas contra los resultados electorales que dieron como ganador a Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que publicó actas y videos que demostrarían el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia.

La FFM documentó desapariciones forzadas, casos de torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, así como violencia sexual.

El gobierno venezolano, que no reconoció la resolución, considera a la FFM “írrita” o nula y ha asegurado que sus reportes son falsos y que pretenden lograr un cambio de gobierno en el país.

Cese inmediato de actos de intimidación y represalias

La resolución aprobada por la ONU insta al gobierno de Caracas a cesar inmediatamente todos los actos de intimidación, ataques, acoso, vigilancia, represalia y difamación pública contra líderes de la oposición, manifestantes pacíficos, periodistas, abogados, defensores de DDHH y quienes han participado en el proceso electoral.

Igualmente, expresó preocupación por la " erosión del estado de derecho", así como la ausencia de independencia del sistema de justicia que "contribuyen a la impunidad" y solicitó la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria.

Varias organizaciones civilistas saludaron la decisión de la ONU. El Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea), la calificó como una “victoria para las víctimas y la verdad”.

En reacción a las críticas que ha hecho Maduro sobre esta decisión de la ONU, Erika Guevara-Rosas, directora de Investigaciones de Amnistía Internacional, dijo que es "despreciable el uso de las víctimas de otra desgracia global, para intentar cubrir sus propios crimenes de derecho internacional".

Maduro muestra una vez más "su desprecio por los #DDHH, utilizando una falsa retórica de comparativos. La impunidad en #Venezuela es de efectos globales y afecta la posibilidad de alcanzar justicia en otras partes del mundo", declaró Guevara-Rosas en la plataforma X.