La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, exigió por tercera ocasión una respuesta del Estado cubano a las acusaciones sobre "presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico y otros profesionales de Cuba que participan en “misiones de internacionalización”.
En una carta dirigida al régimen cubano, fechada el 2 de noviembre de 2023, el Relator Especial Tomoya Obokata indica que "información reciente recibida contradice en muchos puntos" la proporcionada por Cuba en una comunicación anterior, por lo que ha considerado oportuno dar seguimiento a las "inquietudes persistentes".
"Quisiera reiterar mi inquietud por los presuntos abusos de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad, la libertad, la libertad de expresión y asociación, y la libertad de circulación de las y los profesionales cubanos en programas y misiones de migración temporal en países contratantes", subraya el relator de ONU.
La misiva fue compartida, tras el plazo de 60 días establecido para recibir una respuesta del Estado cubano antes de hacer pública la comunicación, por la organización no gubernamental Prisoners Defenders, autora de un informe presentando ante Naciones Unidas que denuncia en detalle esta situación.
Según la nueva información recibida por la Relatoria Especial, citada en la carta, el gobierno cubano continuaría sometiendo a sus profesionales enviados a misiones en el exterior (incluidos médicos y personal sanitario, docentes, marinos, ingenieros, artistas, músicos, deportistas y arquitectos, a condiciones laborales de explotación.
"Los salarios del personal cubano serían considerados inadecuados porque no permiten sostener una vida digna, y suelen estar por debajo del salario medio de las personas trabajadoras en los respectivos países de destino. Asimismo, continuaría la confiscación de pasaportes y persistirían toques de queda en algunos países", añade la carta.
La información enviada a esa relatoria de ONU también destaca que la libertad de movimiento de los trabajadores continuaría siendo restringida y vigilada por el gobierno cubano en los países contratantes. Menciona, además, que "algunas personas trabajadoras estarían sometidas a acoso o violencia sexual, amenazas y/o violencia física", y que estos abusos serían generalmente cometidos por empleadores, asesores jurídicos, directores de misión, gerentes, funcionarios y administradores.
La carta detalla las condiciones de desventaja ofrecidas en los contratos a los profesionales cubanos, que incluirían una "cláusula de regreso", baja remuneración salarial, pago de honorarios y comisiones al Partido Comunista, subrogación a la legislación cubana aunque los profesionales trabajen en otros países, falsificación de contratos y firma por parte de funcionarios cubanos, en lugar de los trabajadores, e imposiciones personales como la obligación de dar a luz en Cuba e impedir a los trabajadores obtener la residencia en los países de destino, entre otras.
Además de Cuba, la relatoría especial señaló en la misiva a los gobiernos de España, Italia y Catar, así como a la compañía MSC Malta Seafarers Company Limited. Ninguno de los cuatro estados involucrados en las violaciones denunciadas ha ofrecido respuesta a las inquietudes de ONU.
“Esta acusación de Naciones Unidas saca a la luz violaciones muy graves: desde trabajo forzoso, esclavitud contemporánea, acoso, violencia sexual y amenazas, hasta violencia física. Una vez más se evidencia que el régimen cubano viola sistemática e impunemente los derechos humanos de su pueblo", declaró Dita Charanzová, Vicepresidenta del Parlamento Europeo.
"Desde el Parlamento Europeo debemos apoyar este esfuerzo de las Naciones Unidas y Prisoners Defenders y seguir muy de cerca el caso", añadió.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, señaló por su parte que mientras se traen a España y Europa en general espectáculos artísticos, deportivos, médicos y otros servicios de Cuba por medio de empresas cubanas, los ciudadanos y espectadores de estos países "no saben que van a acudir a actividades deportivas y artísticas, y recibir servicios, de profesionales en estado de trabajo forzado y esclavitud, con pasaportes confiscados, sin las mínimas libertades, y que si decidieran quedarse en España serían acusados de 'desertores' y penarían con 8 años sin poder volver a ver a sus hijos en Cuba".
El gobierno cubano ha negado las acusaciones relacionadas con prácticas esclavizantes y de coacción a los profesionales que laboran en brigadas en el exterior.
En enero de 2020, la Misión Permanente de Cuba ante ONU dijo, por ejemplo, que “no se aplica ningún tipo de presión ni represalias a aquellos que no desean participar en las misiones de cooperación médica”. Sin embargo, señala la Relatoría Especial en la misiva, "fuimos informados que muchas de las personas trabajadoras no estarían participando voluntariamente en dichas misiones, sino bajo coacción" por parte de las autoridades. Otros factores, como la pobreza aguda y las limitadas fuentes laborales también llevarían a muchos profesionales a acogerse a las misiones internacionales, agrega.