Partido Comunista y Seguridad del Estado controlaron juicios contra manifestantes del 11J, denuncia exfiscal (VIDEO)

Tribunal Municipal de Güira de Melena donde se celebra juicio militar a detenidos del 11J (Tomado de Facebook)

Raucel Ocaña Parada, ex fiscal de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, en declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha expuesto las manipulaciones del régimen en los procesos contra los manifestantes del 11 de julio en la región.

"Han sido procesos, desde el inicio, que es la apertura de la denuncia hasta el acto del juicio oral, manipulados por los órganos que influyen sobre el sistema judicial cubano” apuntó, señalando a la Seguridad del Estado, el Partido Comunista y el Gobierno.

"En Cuba, todo es una sola cosa”, declaró el jurista desde Suiza, donde ha solicitado asilo político.

El licenciado aseguró no haber participado en los juicios por haber sido encomendados a la jefa de la fiscalía municipal de la localidad.

De acuerdo con lo expresado por Ocaña Parada, en ningún momento se tuvieron en cuenta los factores atenuantes que la propia Constitución contempla respecto a los detenidos, “ciertamente, lo que enmarcó para imponer la medida cautelar más severa, que es la de prisión provisional, fue que era un hecho político y sí se llevó a cabo por el gobierno y por los órganos que intervinieron en el referido proceso”.

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“Y digo el proceso, porque no solamente podemos enmarcar que no se llevó a cabo el debido proceso en el acto del juicio oral, sino que, desde que se efectúa la denuncia”, explicó Ocaña, refiriéndose a las violaciones procesales cometidas.


Tras reconocer haber recibido “presiones por parte de la jefatura” durante el desempeño de sus funciones como fiscal, el refugiado político señala que “el fiscal no tiene total autonomía”, en resumen, según Ocaña, lo que se busca es dar un “escarmiento”, no aplicar justicia de acuerdo a las propias leyes.

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El ex fiscal reconoce que hubo represión por parte del “gobierno” en contra de los manifestantes, “en primer lugar, del Ministerio del Interior, que se lanzaron a las calles para contrarrestar las manifestaciones”, lo cual provocó la respuesta por parte de los agredidos, que reaccionaron defendiéndose en “una defensa legítima, un estado de necesidad”.