Un periodista cubano pidió a Raúl Castro aplazar hasta julio el congreso del Partido Comunista previsto para abril, tras criticar el secretismo en torno a los documentos que guiarán la cita clave para el futuro del país.
Francisco Rodríguez Cruz dirigió en su blog una carta abierta a Castro en la que califica de "retroceso" el actual proceso político en el que no han sido discutidos los documentos con la ciudadanía.
"Mi insatisfacción radica en la falta de discusión de sus documentos centrales –hasta hoy secretos–, tanto en las organizaciones de base del Partido, como con el resto de la ciudadanía, lo cual califiqué también públicamente como un retroceso en relación con anteriores procesos políticos", escribió Rodríguez.
Previo al congreso de 2011, las más de 300 moderadas reformas económicas aprobadas por los comunistas fueron debatidas en centros de trabajos y en los barrios por los cubanos.
"En fecha reciente hice –donde me correspondía– una propuesta concreta: aplazar la realización del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba para el 24, 25, 26 y 27 de julio del 2016", explicó Rodríguez, quien es militante comunista.
El anterior congreso dio luz verde a medidas como la ampliación del sector privado y cooperativo.
Los preparativos del próximo congreso han estado en bajo perfil en relación con el despliegue mediático y propagandístico de la similar cita en 2011.
Granma responde
El periódico oficial Granma publicó un artículo titulado "A menos de un mes del Congreso del Partido", previsto del 16 al 19 de abril, en el que parece responder a Rodríguez aunque no alude directamente a su carta.
"Se cumple así, rigurosamente, uno de los Objetivos (el número 17) aprobados por la Primera Conferencia Nacional: mantener la periodicidad establecida en los Estatutos para la celebración de los congresos del Partido", publicó Granma.
El artículo alude a que "más que desplegar, a mitad de camino, un nuevo proceso de debate a escala de toda la sociedad, lo que corresponde es terminar lo iniciado".
El periódico defiende el actual proceso alegando que los documentos del congreso, al que asisten 1.000 militantes, fueron elaborados por decenas de funcionarios, investigadores de las ciencias económicas y sociales y profesores.