Policía asedia a miembros de UNPACU con registros y confiscaciones

Allanan sede de UNPACU en Santiago de Cuba. (Foto: Liudmila Cedeño)

En la mayoría de los casos, las autoridades han confiscado computadoras, impresoras, memorias flash, cámaras fotográficas, teléfonos celulares y hasta juguetes, dijo la opositora Maydolis Oribe Perdomo.

Las viviendas de unos 5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba en el poblado santiaguero de Palmarito de Cauto, fueron registradas por las autoridades y confiscados impresos y dispositivos electrónicos, informó este jueves la opositora Maydolis Oribe Perdomo.

Oribe Perdomo regresaba el miércoles de Palma Soriano, donde se encuentran detenidas las activistas Belkis Cantillo, Moraima Díaz, y Mileidys Masedo, cuando halló a la Policía en pleno registro de su casa, explicó en entrevista para el programa Contacto Cuba, de Radio Martí.

La Policía también realizó registros esta semana en las viviendas de los activistas Moraima Díaz, Dilky León, Yoanna Quesada y Yamami Maraña Díaz, coordinador de la UNPACU. El esposo de Díaz fue arrestado el propio día del registro.

En la mayoría de los casos, las autoridades han confiscado computadoras, impresoras, memorias flash, cámaras fotográficas, teléfonos celulares y hasta juguetes.

Your browser doesn’t support HTML5

La activista cubana Maidolis Uribe en el programa Contacto Cuba

Oribe Perdomo dijo que su vivienda y la de otros opositores del Palmarito de Cauto han permanecido sitiadas desde el domingo, y las brigadas antimotines y la Seguridad del Estado mantienen vigilancia en sus barrios, movimientos inusuales en un poblado pequeño.

También advirtió sobre el puesto de mando que mantiene la Seguridad del Estado en el preuniversitario del lugar, situado frente a la sede de la UNPACU en Palmarito.

Oribe Perdomo es una de las 16 mujeres actualmente condenadas en Cuba por su activismo político, según una lista proporcionada por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Esta es la cifra más alta en los últimos 20 años y tal vez desde las masivas excarcelaciones de 1978, cuando más de 3.000 presos políticos fueron al destierro.

La activista fue condenada a 3 años de trabajo correccional sin internamiento por el presunto delito de lesiones no graves.

“Ellos emplean ese método para en cualquier momento revocármelo, y llevarme a prisión por un supuesto delito de lesiones que nunca sucedió”, apuntó.