La presa política Yilian Lucía Oramas García perdió sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión Panamá, en la provincia Mayabeque, donde está recluida.
Oramas García, de 43 años, cumple una sentencia de seis de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021 en la capital villaclareña. El tribunal la encontró culpable de los delitos de atentado y resistencia.
Por su buena conducta, había transitado hacia un régimen de menor rigor (mínima) y ya disfrutaba de breves estancias en su casa.
“Vino de pase el día 6. Tenía que entrar para la prisión el sábado, a las 6 de la tarde. Desde el viernes fuimos para la terminal de ómnibus y no había transporte. Llamamos al jefe de la prisión, Camilo Ávila, y le explicamos que un carro nos cobraba 25.000 pesos y que yo no tengo ese dinero. El respondió que no habría problemas”, relató Josefa Oramas, la madre de Yilian.
“Mi hija llegó al entronque que enlaza la carretera que lleva al penal a las 2 y 30 horas de la madrugada, y ahí tuvo que esperar a las 4 de la mañana para coger otro vehículo que la transportara. Llegó dos horas más tarde de la que tenía establecida para entrar del pase. Por eso le hicieron una revocación por dos años”.
Con la modificación del tipo de régimen en el que cumple su sentencia, Oramas García pierde, además, su derecho a la libertad anticipada y deberá cumplir toda la pena que le resta.
Yilian y su esposo se declaran en huelga de hambre
“Se plantó en huelga de hambre. Lleva seis días. Ella pide que se le quite la revocación porque ella tiene buena conducta y lleva tres años en prisión y no había tenido ningún problema”, lamentó la madre.
También está en huelga de hambre desde hace ocho días, Geobel Manzo López, de 39 años, que fue condenado a seis de prisión por los mismos delitos que su esposa Yilian.
“Reclama con su protesta que le expliquen por qué no le dan los beneficios a los que ya tiene derecho”.
Geobel y Yilian, junto a otras personas, protagonizaron una manifestación frente a la funeraria de la localidad, en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de Covid-19, así como que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios.
Organizaciones independientes han afirmado que las autoridades judiciales en connivencia con funcionarios del Ministerio del Interior rechazan las peticiones de beneficios de la mayoría de los condenados por razones políticas.