El preso político Yadir Ayala Ibáñez tuvo que ser hospitalizado, este sábado, en el centro de urgencias de la prisión Kilo 8 en Camagüey, donde está recluido por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
“El sábado a Yadir se le acalambró la cabeza, la boca, la lengua, que no podía ni hablar. Pero lo inyectaron y se le alivió el dolor y ya está en el destacamento”, explicó su madre Mirka Ibáñez.
Ayala Ibáñez, cuentapropista antes de ser encarcelado, sufre fuertes dolores de cabeza, presuntamente, derivados de las secuelas que le dejó un incidente en el que fue golpeado por malhechores para robarle su bicicleta.
Your browser doesn’t support HTML5
Reportaje de Yolanda Huerga
“Le dieron golpes en la cabeza. Entonces la doctora en hospital provincial de aquí, de Camagüey, le dijo que tenía que atenderse porque venían consecuencias que, si perdía la memoria, si perdía el conocimiento, si hablaba incoherentemente, teníamos que ir inmediatamente al médico. Transcurre la manifestación, Yadir fue recluido y ya empieza con los dolores de cabeza. Yo le he contado a los médicos de la cárcel, a los jefes de unidad, pero no lo han llevado a hacerse un chequeo profundo, como tiene indicado, un encefalograma”, lamentó la madre.
“Ahora le están dando muy fuertes los dolores. El primer tratamiento que le mandó el neuro [el neurólogo] fue la carbamazepina. Yo fui ya a la prisión, le pregunté porque le administran carbamazepina, y la respuesta fue que el neurólogo lo mandó”, explicó la mujer.
El joven de 32 años cumple una sanción de 10 años de privación de libertad por los delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado, tras manifestarse el 11J en el Reparto La Vigía, de la capital camagüeyana.
Ibáñez también denunció que su hijo ha sufrido acoso y malos tratos en prisión, donde ha llegado, incluso, a declararse en huelga de hambre en protesta por la condena que recibió.
“En el penal Cerámica Roja lo sacaban del destacamento y lo metían en celda de castigo, sin motivo aparente, y a la inversa, sin ninguna explicación. En Kilo 8 le quitaban la llamada telefónica, y una vez se la pusieron a la hora del almuerzo, y le dijeron que si llamaba perdía la comida. Yo hablé con el jefe de la unidad y le dije: 'mi hijo está privado de libertad, pero no de sus derechos, y el almuerzo, tanto como la llamada telefónica, son derechos que él tiene'. Después no ha vuelto a suceder”, relató Ibáñez.
Según la organización Cuban Prisoners Defenders, la pena impuesta a Ayala Ibáñez “resulta de interpretaciones políticas y aleccionadoras, como escarmiento a la población, no como una petición fiscal adecuada a los hechos”.