El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Camagüey, José Luis Acosta Cortellón, está detenido desde el lunes acusado de amenazar en las redes sociales a una funcionaria pública y a la Seguridad del Estado.
Desde la capital agramontina, Marisol Cobas, del Partido Libertario explicó a Radio Televisión Martí que el opositor se burló en redes sociales de la gobernadora de esta provincia Yoseily Góngora López.
José Luis Acosta está detenido en Camagüey, quieren acusarlo de amenazas por un meme que publicó en su muro de facebook de la “gobernadora” de esa provincia #FreeJoseLuis 👇👇👇 pic.twitter.com/bAFY2z97uF
— Iliana Hernandez (@ilianahcuba) August 5, 2020
Cobas explicó que los oficiales del Ministerio del Interior no les dijeron dónde lo tenían detenido pero les confirmaron que iba a ser procesado por "amenaza" a la gobernadora, considerada la dirigente más joven del país que asume ese puesto.
"Es por una publicación que hizo en forma de broma, donde decía que la gobernadora estaba tan gorda que estaba buena para hacerla bisteces y darle comida la pueblo hambriento", indicó Cobas.
"También lo están acusando de amenazas a agentes de la seguridad del estado por una publicación que hizo con una escopeta de perle, pero ellos dicen que él está incitando al pueblo a tomar las armas en contra de ellos", declaró la activista.
El abogado de la Corriente Agramontista Yunieski San Martín denunció a Radio Televisión Martí que fue arrestado, esposado y amenazado por la policía política en Camagüey luego de brindar asesoramiento legal a Acosta Cortellón y redactar un Habeas Corpus para solicitar su liberación.
San Martín fue detenido cuando intentaba abordar un vehículo para regresar a su casa en el municipio tunero de Colombia desde la ciudad de Camagüey. El jurista asegura que los agentes le dijeron que sería procesado por actividades subversivas y contrarrevolución.
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Declaraciones de Yunieski San Martín
La gobernadora ha sido atacada por otros usuarios de las redes sociales y llaman la atención sobre la grave carencia de alimentos que sufre la mayoría de los habitantes de la provincia.
La aplicación del Decreto-Ley 370 de 2019, en vigor el 4 de julio de 2019, contempla multas de 3 mil pesos y el decomiso de los equipos y medios utilizados para conectarse a Internet a los usuarios de redes sociales que expresen opiniones críticas con el régimen.
64 grupos y publicaciones respaldan derogación del Decreto Ley 370
La normativa también intenta disuadir a periodistas independientes y activistas de utilizar las redes sociales para denunciar la situación que atraviesa el país.
[Entrevistas realizadas por Yolanda Huerga]